El último debate tuvo la eliminación de los artículos 42 y 128. El primero se refería a la metodología de elección de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), y el segundo daba facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro en la capitalización de la Nueva EPS.
Con cuatro artículos aprobados y uno eliminado, la reforma a la salud saldó los cinco puntos que quedaban por debatir y selló el segundo debate en Plenaria de Cámara de Representantes, confirmando su paso a tercer debate en Comisión Séptima del Senado. Esto faltando 15 días para que concluyeran las sesiones ordinarias del Congreso de la República.
Al someter a votación el proyecto de ley 339 de 2023, acumulado con el 340, 341 y 344 de 2023, por medio del cual se transforma el modelo de sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones, la Plenaria aprobó que el proyecto siga su curso y se convierta en ley de la República con 87 votos a favor.
La jornada arrancó con la votación de los artículos 122 y 123, relacionados con la consulta previa para las comunidades afro, negras, raizales, palenqueras y del pueblo Rrom o gitano. Ambos necesitan mayoría absoluta para ser aprobados por otorgarle facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro, por lo que los 99 votos que consiguió a favor fueron suficientes para su aprobación.
Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó constancia a nombre del Gobierno de que la propia Corte Constitucional, en sus sentencias T-302 de 2017 y 123 de 2018, que declaran estado de aspectos inconstitucionales en La Guajira, particularmente en las comunidades wayuu, dice que el principio de la consulta previa se le aplica principio de flexibilidad. Esto plantea que, excepcionalmente, se puede hacer consulta concomitante o posterior.
Por su parte, la representante de la Alianza Verde y coordinadora ponente de la reforma, Martha Alfonso, aseguró que el sistema de salud de los pueblos indígenas y afro en Colombia pertenece a escenarios especiales con normatividad especifica, por lo que son diferenciados dentro del sistema general. De ahí que su argumento apunta a que “no se reforma lo especifico para luego reformar lo general, sino que se reforma lo general para luego dialogar y concertar con estos sistemas propios”.
“La reforma elimina la intermediación financiera en el sistema general, así como la administrativa. Los pueblos indígenas, como están en el sistema, tienen sus propias EPS, al igual que los afro. Hay que dialogar y concertar con los pueblos étnicos para adaptarnos a sus sistemas propios”, añadió.
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Sin embargo, la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, aseguró que, tras revisar las sentencias, la flexibilidad a la que se refiere el ministro Velasco “no tiene nada que ver” con cambiar la temporalidad o las fases de la consulta. Por el contrario, la sentencia se refiere a como recoger la pluralidad y diversidad de los pueblos en la consulta, sin cambiar las exigencias de la consulta previa en su método o fases.
En ese primer bloque de artículos esta incluido originalmente el artículo 128, referente a las facultades extraordinarias del presidente Gustavo Petro para capitalizar la Nueva EPS, que finalmente fue eliminado con 101 votos a favor gracias a la proposición radicada por la representante de la Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez. Esto debido a que el artículo 96 del Plan Nacional de Desarrollo ya contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda capitalizar a las empresas de orden nacional, por lo que este apartado “no sería necesario” para llevar a cabo dicha estrategia.
Al inicio de la plenaria, momento en que el artículo se retiró del primer bloque de votación, se debatió una proposición de modificación de la representante del partido Dignidad, Jennifer Pedraza. La propuesta ordenaba al presidente que, en no mas de seis meses, presentara un proyecto de ley al Congreso de la República donde estableciera formulas de saneamiento y capitalización de la Nueva EPS y lo que se necesitara para su adecuada operación.
“Este papel que va a jugar la Nueva EPS será fundamental en la transición. Tendrá que acoger a afiliados de las EPS que se vayan liquidando, estimando que tendrá que duplicar su base de afiliados, que hoy llega a 10,2 millones y tendría que recibir 11 millones de personas más. Hoy, sin hacer eso, tiene deudas por $3,2 billones con sus prestadoras de servicios de salud y con sus trabajadores”, sustentó.
La congresista agregó que el concepto del Ministerio de Hacienda, que se entregó la semana pasada, dice que Nueva EPS solo recibirá $600.000 millones anuales por dos años, que no alcanza ni para sanear las deudas que tiene en la actualidad.
Por su parte, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, detalló que, por cuenta de la crisis explicita que anunció la exministra de Salud, Carolina Corcho, y que a su juicio se ha adelantado desde el Gobierno, muchas EPS se están asfixiando y van a ser intervenidas, pero en lugar de mejorar, acabarán perjudicadas hasta la liquidación, siendo la Nueva EPS la que reciba todos esos afiliados. “Vaticinamos que va a ser una situación crítica para esa EPS, que no va a dar abasto”, dijo.
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Asimismo, añadió que lo planteado por el Ministerio de Hacienda opera bajo el supuesto de que las cajas de compensación van a hacer el aporte de $1,2 billones. Como están las cosas, Forero manifestó que “dudo mucho” que hagan ese aporte, y además, recalcó que el Gobierno tendría que hacer capitalización de 2,4 billones, algo que no está contemplado.
“No podemos estar otorgando facultades extraordinarias para capitalizar, pero más aun, para dictar disposiciones orgánicas. No podemos olvidar que la Nueva EPS tiene hoy 1.277 afiliados de régimen subsidiado y más de tres millones de contributivo. Además, solo 49% de la empresa le pertenece al gobierno“, comentó la representante del Partido Liberal, Piedad Correal.
Por otro lado, la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, contradijo los argumentos del representante del Pacto Histórico y coordinador ponente de la reforma, Alfredo Mondragón, quien aseguró que se habían lograron acuerdos en la subcomisión accidental de la reforma frente a estas facultades extraordinarias, que según la congresista “son inconstitucionales”, pues es contrario determinar capitalización a una EPS que tiene participación privada.
El debate continuó con el artículo 143, relacionado con la entrada en vigencia de las gestoras de vida, que fue aprobado con 73 votos a favor. No obstante, minutos antes se discutió una proposición no avalada de los representantes Luis Miguel López, Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza, que fue rechazada con 85 votos en contra.
En palabras de Juvinao, la proposición buscaba asegurar una entrada en vigencia “lo menos traumática posible”, que mal planteada puede terminar en colapso de los servicios de salud, afectando principalmente a los pacientes de alto costo. El objetivo principal apuntaba a la realización de un plan piloto en municipios de sexta categoría, especialmente en los rurales y dispersos, porque “allí están los retos mas importantes en términos de institucionalidad”.
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“Una vez los pilotos estén sujetos a evaluación de impacto y efectividad, ahí si pueden entrar las disposiciones relacionadas con recursos, centros de atención primaria (CAPs), redes integrales e integradas y la gestión de la Adres como pagador único. Todo para blindar la transición“, añadió.
En esa misma línea, Pedraza subrayó que este articulo, al plantear una transición de dos años, es “tan insuficiente” que puede implicar que algunos objetivos nobles de la reforma, así como cosas críticas, terminen sin implementarse de manera acertada y, por ende, haya interrupción en los servicios de salud para la gente.
“Se necesita que el sistema de información unificado exista, y para eso se necesitan cinco años. Es un harakiri al sistema de salud, y por eso se propone someter y evaluar desempeño de las gestoras de vida”, complementó.
La sesión concluyó con el artículo 42, referente a la metodología de elección de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), que se mantuvo tal como estaba en la ponencia y fue negado con 66 votos en contra. La caída de este punto era de esperarse, teniendo en cuenta que fue el único punto que provocó la suspensión del debate de ayer debido a la discordia que generó desde semanas atrás, cuando el mismo presidente Gustavo Petro tuvo que intervenir para que dicho punto fuera revisado. Sin embargo, se mantuvo tal como estaba desde el inicio.
Al respecto, Mondragón aseguró que los coordinadores ponentes “hemos hecho un esfuerzo intenso desde ayer” para encontrar una forma de plantear el artículo que no generara polémica, y mencionó que, en el nuevo escenario, queda establecido que la reforma no le está entregando la facultad a alcaldes y gobernadores de nominar a encargados de instituciones de salud publica, sino la Constitución Política en los artículos 305 y 315. “Quienes insistan en decir lo contrario lo hacen de mala fe o porque no han leído estos artículos”, sentenció.
“Hemos atendido el llamado del presidente y otros colegas para definir esos requisitos y que el Ministerio de Salud contribuyera a esos procesos de buscar mayores garantías de mérito. Con todas las consideraciones, no logramos un texto que enmarcaran todas las posturas. Entendiendo que el Congreso es de buscar acuerdos, es la votación lo que dirime estas controversias sin tensiones necesarias si no se logra la composición”, explicó.
Bajo esta perspectiva, Alfonso añadió que este artículo planteaba un contrapeso en procesos de elección de gerentes para evitar clientelización de hospitales públicos y departamentales, y recalcó que “de ninguna manera” elimina o quita autonomía constitucional a gobernadores y alcaldes.