Aunque todo está dado para cumplir con la Regla Fiscal en 2023, el próximo año plantea retos fiscales importantes que obligarían al Gobierno a realizar un ajuste de 1,4% en el PIB, según el Carf.
En vísperas del cierre del año, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, realizó un análisis sobre la situación fiscal y sus perspectivas de cara al 2024.
En pocas palabras, el organismo plantea que el país continúa por la senda de un ajuste que comenzó hace tres años y que llevará el déficit a un 4,4% del PIB, con lo cual se garantiza el cumplimiento de la regla fiscal en 2023.
“Aunque se observa una desviación en algunos supuestos macroeconómicos, que impactan negativamente los ingresos tributarios y de capital en 2023, los ajustes en los componentes cíclicos de la Regla permiten compensarlos con el espacio fiscal suficiente, sin necesidad de ajustar el gasto primario”, señaló el Carf.
Como resultado de ello, los resultados fiscales para 2023 mostrarían una disminución importante de la deuda neta, que pasaría de 57,9% del PIB en 2022, a un nivel cercano al ancla para la deuda neta definida en la Ley de la Regla Fiscal (de 55% del PIB).
Sin embargo, el Comité ve un panorama retador en 2024, en el que el principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios.
A raíz de ello, estima que, dada la programación de ingresos estructurales, se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($ 23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla (un balance primario neto estructural de -0,2% del PIB).
Pero además, aun si se recauda lo que el Gobierno programó de arbitramento de litigios, el déficit del Gobierno podría pasar de 4,4% del PIB en 2023 a 5,1% del PIB en 2024.
“El escenario para 2024 implica un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB. Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”, señala.
El organismo recuerda que una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal en el mediano plazo.
“El Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para 2024 (superior a los $500 billones) no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o a choques inesperados”, subraya el Comité y señala que el gasto primario, sin pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), crecería $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6%) mientras que los ingresos estructurales crecerían $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios.