Expertos del sector energético alertaron que, de no proceder con una hoja de ruta adecuada, el país podría empezar a experimentar apagones graduales desde 2025, e incluso llegar a escenarios más graves en 2027.
El presidente Gustavo Petro ratificó en la COP28 que Colombia dejará de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, anuncio que se viene dando desde que inició en su gobierno. No obstante, sí hubo una gran novedad ligada a la adhesión del país al tratado de no proliferación de hidrocarburos. Si bien no es vinculante, esta acción implica cero exploración nueva, e incluso, el mensaje va más allá de no firmar nuevos contratos: si se es consecuente con el compromiso, no va a haber más explotación. El problema es que esto va muy en contra con la tendencia global.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), en cinco años no va a bajar la demanda de petróleo, sino que va a crecer en 5,8 millones de barriles, y solo hacia 2030 se empezará a aplanar la curva de demanda. Solo con el carbón, el mundo consumió una cifra récord de 8.300 millones de toneladas en 2022, y se espera que supere esa cifra este año.
Cabe recordar las declaraciones del presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, durante la cumbre del clima, que concluye hoy. Y es que el directivo comentó que Brasil espera producir 5,4 millones de barriles de crudo al día para 2028, convirtiéndose en el cuarto mayor productor de petróleo del mundo y pidiendo pista para entrar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Hoy, Brasil produce tres millones de barriles diarios. Mientras haya quién demande, habrá quién lo produzca.
Entre tanto, los actores del sector coincidieron durante el seminario ‘Transición energética confiable’, organizado por Fedesarrollo y el Centro de Estudios Económicos ANIF, en que debería haber una hoja de ruta clara sobre el tema, que debió llegar en mayo pero de la que aún se ignoran detalles. Al respecto, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, subrayó que “no puede ser la misma de un país como Alemania, que depende de la importación, pues Colombia depende de la producción y exportación de petróleo y carbón, que hoy en día son las principales fuentes de divisas y financiamiento del Estado“.
¿Por qué?
El sector minero-energético representa 12% del PIB y 56% de las exportaciones totales del país. A su vez. los ingresos que recibe la nación de la industria petrolera, por concepto de impuesto de renta y utilidades de Ecopetrol, representan 2,5 puntos del PIB. Por su parte, las regiones del país reciben 1,5 puntos por concepto de regalías. Si Colombia dejara de producir petróleo, el país dejaría de recibir divisas por US$24.000 millones, mientras que importarlo le costaría US$16.000 millones. Esto provocaría un escenario catastrófico con hiperdevaluación del peso e hiperinflación.
A eso hay que sumarle la reducción de ingresos fiscales, tanto por el lado de impuestos como regalías. Y es que, si se acelera la transición energética y se desmontan las empresas de energía térmica se pueden perder $9,3 billones. Este riesgo es más fuerte en regiones productoras de hidrocarburos, sobre todo con el reemplazo de las tecnologías térmicas con alternativas que no están listas para asegurar seguridad y continuidad del abastecimiento.
El presidente encargado de ANIF, Anwar Rodríguez, recalcó que los sectores petroleros y mineros atraen 39% de la inversión extranjera directa. Con esto en mente, señaló que los efectos sobre la inversión de una transición energética acelerada apuntarían a una caída de más de 3 puntos como porcentaje del PIB. “Es necesario ver qué tanto y dónde se puede afectar, no solo la inversión, sino la capacidad de generar ingreso, ahorro y crecimiento en el largo plazo”, dijo.
Asimismo, reveló que, si se reduce a la mitad la producción de carbón, petroleo y gas, se perderían más de 100.000 empleos directos en cada uno de estos sectores. Incluso, por cada 10 empleos perdidos en los departamentos de sectores extractivos, se esfumarían cuatro puestos de trabajo a nivel nacional. Esto puede provocar un aumento en indicadores de pobreza por falta de financiamiento para el gasto social vía disminución de regalías, de acuerdo con el directivo.
Para el senador de Cambio Radical, David Luna, esa transición energética estaría comprometiendo los ingresos y el empleo en el país al carecer de reglas de juego claras, sin las cuales “habrá un colapso económico en Colombia”, a juicio del congresista.
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Incluso, agregó que uno de los puntos más preocupantes en este contexto es que el Gobierno no está explicando el “impacto insostenible en la economía de esas decisiones anunciadas”. A manera de ejemplo, expuso que el precio promedio del galón de gasolina es de US$2,8 en países exportadores, mientras que asciende a US$5,6 en naciones importadoras de hidrocarburos.
“Hay que soportar decisiones en evidencia y entender que pueden tener consecuencias contundentes en proceso inflacionario, cambiario y en la sostenibilidad de las finanzas familiares. No estamos preparados para ese cambio tan abrupto. Esa es la razón para que el Gobierno quiera modificar la regla fiscal”, aseveró Luna.
Unido a ello, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, recordó que la demanda de energía es el indicador líder de la actividad económica, y añadió que el consumo de los hogares representa tres cuartas partes de la demanda. A este panorama se le suma un factor alarmante: el sector minero-energético tuvo una caída de 11,7% frente a las cifras registradas durante la pandemia de Covid-19. Esto quiere decir que la producción no se ha recuperado a pesar del boom de precios.
Todo esto cuando el consumo de energía en Colombia por habitante es bajo, y en una coyuntura donde va a tener que subir en el mediano plazo si queremos tener una economía más rica. En este momento, el consumo por habitante en promedio en países de ingreso medio alto es de 83,5 giga Jules (GJ), pero en Colombia es de 37,6 GJ, muy por debajo del promedio.
El directivo recalcó que Colombia tiene la capacidad instalada desde el capital humano y disponibilidad de inversión, aunque concordó con el senador Luna y el exministro Acosta en que hay que complementar esto con una hoja de ruta “razonable, asequible, gradual y pragmática”. Sobre todo si se tiene en cuenta el escenario que el país tiene por delante para el próximo año…
Fenómeno del niño
Todo lo anterior puede complicarse aun más con un fenómeno del niño agresivo, que puede tener un efecto fuerte para hogares de menores ingresos, teniendo en cuenta que el agua, la electricidad y los alimentos representan hasta 30% de su consumo total. Tomando como referencia el impacto del fenómeno del niño en la década pasada, esta coyuntura implicaría un incremento de 2,3 puntos en los precios del agua, dos puntos en electricidad y 2,4 en alimentos.
Pero más grave todavía es el eventual riesgo de apagón que enfrentaría el país en 2024. Al respecto, el presidente de Termotasajero, José David Montoya, sostuvo que lo importante para enfrentar dicho escenario es “lo que hemos hecho en los últimos 10 o 15 años”. A juicio del ejecutivo, el país cuenta hoy con un stock con el que el país está en capacidad de superar el fenómeno del niño, pero no por resultados que se hayan tomado en las últimas semanas.
Bajo esta perspectiva, la presidenta de SER Colombia, Alexandra Hernández, ratificó que Colombia no se puede dar el lujo de prescindir o desescalar sus fuente actuales de energía, sino ampliar la capacidad, teniendo en cuenta que la demanda está creciendo tres veces más de lo que aumenta el parque generador. “Hay que pensar en generar nueva oferta, y el camino no es satanizar los proyectos hidroeléctricos, las reservas y las renovables en las que logramos avanzar”, agregó.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, enfatizó en que lo único que se puede hacer a estas alturas es dar un incentivo a la ciudadanía para que la demanda disminuya y que los usuarios bajen su consumo, pero no se puede hacer nada desde la oferta y mecanismos regulatorios que cambien las reglas de juego. Incluso, aseguró que “meterle la mano generaría más incertidumbre”.
Lo anterior puede ser catastrófico a partir de 2027. Según un estudio de la Universidad Nacional, el país va a tener problemas de energía a partir de entonces, enfrentando escenarios de déficit que podrían profundizarse en 2035 si no se llevan a cabo los proyectos planeados hasta la fecha, o no realizar aquellos ubicados en zonas de conflicto, como los departamentos del Cesar y La Guajira. Todo lo anterior provocaría que el país “no generara confianza hacia adelante”.
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“Hoy si puedo decir que en el 2027 no tengo la oferta generada para abastecer la demanda. Si no genero confianza, el próximo paso es la subasta del cargo por confiabilidad en el mes de febrero, y si me cambian las reglas del juego en estos días, yo no le meto plata a esa subasta“, explicó Castañeda.
El cargo por confiabilidad se estableció en 2006 para garantizar el suministro de energía durante un eventual Fenómeno del Niño, época en la que los recursos hídricos del país escasean. Por definición, esta herramienta representa la remuneración destinada a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación energética, según parámetros de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg).
Ante dicho escenario, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, sí ve el panorama de 2027 con preocupación, y aseguró que “todos debemos estar muy alarmados”, porque un eventual apagón no solo implica que se vaya la luz, sino que llevaría que Colombia parara económicamente.
“Colombia no tiene la misma necesidad de transitar a la carbono neutralidad como China, Rusia y Estados Unidos, que curiosamente hicieron transiciones aceleradas que les provocaron apagones (…) No es que nos opongamos a esta nueva entrada de energías más limpias, pero qué necesidad hay de acelerar eventos que nos hagan perder confiabilidad. Si solo crecemos en energía solar de aquí a 2025, vamos a tener apagones a las 7:00 p.m.”, dijo.
Por ello, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haya equilibrio en la entrada en vigor de una transición que “no nos haga perder seguridad y que la podamos pagar“. Ahí se refirió a la regulación de precios en Colombia, y destacó que no se puede hablar de rediseños de mercado ante una situación coyuntural que se originó con la pandemia de Covid-19. “Este es un sector altamente regulado, por lo que una intervención nos puede adelantar un apagón y le hace daño a la confianza”, añadió.
Hernández complementó esta idea recordando que, actualmente, hay US$3.000 millones de inversión privada que quieren entrar al país en 19 departamentos. Por ello, solicitó al Gobierno no embarcarse en caminos diferentes a las señales de mercado que se han comprobado que funcionan. “El reto es destrabar todos los proyectos renovables, teniendo en cuenta el incremento de la demanda que viene en camino, pero además lograr hacer sostenibles los recursos de generación que tenemos hoy”, agregó.
Otras soluciones
Mejía recalcó que, en 2028, la capacidad instalada del país podría ascender a 32 gigavatios (GW), donde 41% será generada por las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER), herramienta con la que “se puede llamar la atención de inversionistas”, por lo que recalcó la necesidad de crear un foco de política pública para echar a andar dichos proyectos, que no solo complementarían nuestra matriz energética, sino que la fortalecerían.
La Ley 1715 de 2014 definió las FNCER como recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. En este grupo se incluyen alternativas como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PCH), la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.
Luna recalcó que mejorar la eficiencia energética implicaría fortalecer las FNCER para sustituir las fuentes fósiles y promover una minería compatible con la transición energética. Sin embargo, argumentó que el país ha hecho esfuerzo para avanzar en ello, pero el Estado no.
Algunas ideas apuntan a subastas anuales de proyectos de generación a partir de FNCER, teniendo en cuenta las dificultades generadas por los retrasos y aplazamientos, que se deben a la falta de interés en estos procesos, así como reformar el esquema de subsidios en electricidad, teniendo en cuenta lo que vive el Caribe colombiano con las variaciones de las tarifas de energía en los últimos meses, que han llegado a ascender hasta 5%.
“Para lograrlo solo se necesitan reglas claras donde todos tengamos presentes la hoja de ruta, las dificultades presentes, y como impacta la burocracia y la corrupción para poder avanzar”, concluyó el senador de Cambio Radical.