‘Declaraciones de MinHacienda dejan entrever que omisiones en el PGN son intencionales’: Observatorio Fiscal

Aunque la reglamentación del Presupuesto General de la Nación suele ser un tema que solo trasnocha a los técnicos, este año se ha convertido en un asunto de interés público y político. ¿La razón? No hay claridad sobre la destinación de $13 billones.

Así, lo que podría ser un error técnico, ha generado una avalancha de críticas al gobierno, ya que, a juicio de analistas y expertos en finanzas públicas, la falta de detalles sobre la destinación de $13 billones del rubro de inversión, le da opacidad al proceso de ejecución presupuestal y genera riesgos de corrupción.

Dada la complejidad del asunto, Forbes dialogó con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien le hace un seguimiento permanente a estos temas. El siguiente es un extracto de la entrevista que busca poner los puntos sobre las íes: 

¿Qué está sucediendo con el Presupuesto General de la Nación de 2024?

Es díficil saber si se trata de un error técnico o si efectivamente hay intencionalidad detrás del decreto de liquidación del PGN de 2024. Sin embargo, dadas las declaraciones del ministro de Hacienda del pasado viernes diciendo que el gobierno quiere hacer un ejercicio de priorización, parece insinuarse que afectivamente sí puede tratarse de una acción intencional para que el Gobierno tenga mayor discrecionalidad en el gasto público. 

¿Qué es lo más grave de aumentar la discrecionalidad en la asignación de los recursos del PGN? 

La discrecionalidad tiene varias consecuencias. Primero, es que puede ser usada como herramienta de presión política. Y segundo, puede generar dudas sobre la voluntad del gobierno de honrar sus compromisos en lo que concierne a obras de infraestructura que se financian a través de vigencias futuras…

¿Está en riesgo el pago de vigencias futuras? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un incumplimiento? 

Es un gran temor porque esos incumplimientos pueden generar demandas contra la Nación, lo cual puede ser problemático para las finanzas públicas.

También le puede interesar: Denuncian ‘mico’ en el Presupuesto General de la Nación que pone en duda su transparencia

Desde el Observatorio han planteado dudas sobre la proyección de ingresos esperados por el Ministerio de Hacienda para financiar el PGN. ¿Por qué las dudas y cómo se pueden relacionar ambos temas?

Ese punto es extremadamente importante porque efectivamente si uno analiza el Plan Financiero y las declaraciones del ministro de Hacienda cuando se lanzó, queda muy claro que el gobierno es consciente de que se están proyectando unos ingresos que son difíciles de alcanzar. Y que por lo tanto, para cumplir la regla fiscal en la medida en que esos ingresos no se materialicen hay que recortar ciertos gastos.

La pregunta que surge es: ¿cuáles gastos van a recortarse? Y, por supuesto, mientras más discrecionalidad haya en ciertos rubros, mayores posibilidades de que sean esos rubros los recortados. 

¿Ven riesgos de incumplimiento de la regla fiscal en 2024 como ya lo han advertido el Comité de la Regla Fiscal y otros analistas? 

Ese riesgo se va a materializar si efectivamente no se aprueban a tiempo las herramientas jurídicas para que la DIAN pueda hacer arbitraje en los litigios que tiene con los particulares. Mientras más se retrase la aprobación de ese proyecto, más difícil es que el gobierno recaude los $10 billones que están proyecto (antes eran $15 billones). Si estos ingresos no se materializan, la única forma de evitar un incumplimiento sería recortando los gastos, pero hay grandes dificultades dado que hay que pensar cuáles gastos van a ser y si esos gastos implican recursos que ya están comprometidos a través de vigencias futuras. 

Es esperanzador que el ministro sea consciente de la necesidad de recortar los gastos para cumplir la regla fiscal, pero hay que ver qué pasa de acá a final de año para ver si esas promesas se materializan y se cumple con la regla fiscal.

¿Les preocupa la situación fiscal?

Aun si se cumple la regla fiscal, el déficit ya es muy alto. Se proyecta que va a terminar siendo de 5,3% del PIB, eso ya de por sí es preocupante aunque sea compatible con la regla fiscal, pero sigue siendo demasiado alto y puede poner en riesgo la calificación del país y el riesgo soberano.

El Gobierno tiene problemas de ejecución del Presupuesto en la mayoría de los Ministerios. ¿Cuál es el afán de tener más recursos si no se ejecutan los del Presupuesto General? 

En 2023 efectivamente pasaron dos cosas en paralelo. Primero, el recaudo tributario estuvo $11 billones por debajo de lo esperado, pero la ejecución del PGN también estuvo $17 billones por debajo de lo que se esperaba. Eso hizo que efectivamente se pudiera cumplir con la regla fiscal. En la medida en que no se ejecutan los recursos se abre más espacio para cumplir con la regla fiscal. 

Dicho lo anterior, eso no implica que esos recursos estén disponibles para el siguiente año. Casi siempre quedan comprometidos para unos pagos aunque no se hayan materializado cuando fueron programados. 

¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que está sucediendo con el PGN de 2024? ¿Cómo eliminar la discrecionalidad porque se dice que no es la primera vez que ocurre? 

Eso es cierto. Este es un problema de vieja data. La manifestación sobre la falta de desagregación de los gastos de inversión en el decreto de liquidación es nueva, pero el problema es más profundo. El Estatuto Orgánico del Presupuesto es un convenio de normas, algunas de las cuales datan incluso antes de la Constitución de 1991. Ya es hora de actualizarlo a estándares más modernos porque hay problemas no solo con el gasto de inversión sino con el de funcionamiento. La manera como se desagrega el gasto de funcionamiento es insatisfactoria. Uno puede saber cuánto se gasta cada entidad en salarios, pero no tiene ni idea a qué se dedican esos funcionarios. Es necesario que nos movamos hacia un presupuesto más programático, es decir, que tanto los gastos de funcionamiento como de inversión se desagreguen por programas, pero para eso es necesario una modificación de la Ley. Y esa Ley tiene que darle cierta flexibilidad al gasto porque siempre pueden aparecer contingencias que hacen que el Ejecutivo necesite cierta flexibilidad. Pero que al mismo tiempo haya más transparencia en su ejecución y que se aclare el papel que tienen los congresistas en la formulación del Presupuesto.

Porque lo que ha sucedido desde hace más de una década es que los congresistas se reúnen a puerta cerrada con el Ministerio de Hacienda para la ponencia y allí se hacen acuerdos sobre los cuales no hay trazabilidad, lo cual genera riesgos de corrupción en la ejecución de ciertos recursos.