Ante la posibilidad de que plataformas como Netflix y Spotify tengan un incremento en sus precios durante 2024, expertos del sector de comercio electrónico analizaron las consecuencias que traería al país la implementación de un gravamen que, lejos de hacernos competitivos, amenaza con cortar el camino hacia un futuro digitalizado.
A finales del año pasado, el presidente Gustavo Petro aprobó un decreto que obliga a aplicaciones empresariales y softwares que superen 300.000 suscriptores a pagar un impuesto que iría dirigido a inyectar recursos al Presupuesto General de la Nación (PGN), principalmente en programas sociales y de infraestructura. Ante dicho panorama, plataformas como Netflix, HBO Max, Spotify, TikTok o Instagram tendrían que pagar un gravamen de 3% sobre la totalidad de su ingreso bruto anual, siempre y cuando este supere los $1.327 millones.
Si bien el impuesto tiene toda la probabilidad de ser aprobado y las plataformas en cuestión deberían disponer de las herramientas para poder hacer los respectivos pagos, tiene unas complejidades importantes de cara a su materialización. Al respecto, la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), María Fernanda Quiñones, explicó a Forbes que el gravamen trae consigo el riesgo de restarle competitividad al país al apuntar a empresas que no cuentan con residencia en Colombia.
Lo más complejo del asunto es que esta coyuntura se da pocos meses después de que las negociaciones para lograr un acuerdo tributario internacional reportaran novedades importantes. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó a Forbes que la votación que se llevó a cabo a mediados de noviembre apuntaba a crear una comisión para hacer una Convención de las Naciones Unidas sobre cooperación tributaria internacional.
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“El problema complejo es que virtualmente todos los países desarrollados votaron en contra, de hecho. La única excepción fue Noruega que es absurdo, pero todos los otros votaron en contra, entonces la división entre países desarrollados y países en desarrollo va a ser un elemento complejo de esa negociación”, dijo.
Ocampo también recordó que ya se había definido un gravamen o impuesto mínimo de 15% en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pero eso puede mejorar para eliminar las excepciones que quedaron en el acuerdo alcanzado en el organismo internacional.
A su juicio, el problema más importante apunta a cómo garantizar que el grueso de las multinacionales pague impuestos por rentas y servicios, pues fue un aspecto que no quedó muy bien definido en el acuerdo de la OCDE. Para ello, el acuerdo necesita una convención que se está discutiendo todavía y que, aparentemente, no va a ser aprobada por Estados Unidos, jugador clave en este caso.
Para Quiñones es normal que algunos países se paren de la mesa y no acepten condiciones, pero sí considera problemático que lo hagan sin que se discuta la necesidad de que este tipo de plataformas tributen. “No es razonable, que nadie tenga réditos en el mundo sin hacer una contraprestación a los países donde se están prestando el servicio”, detalló.
Los cuellos de botella
Con esto en mente, la ejecutiva consideró importante resaltar que los servicios de streaming no se pueden ni se van a prestar de otra manera, pues siempre han funcionado desde un solo lugar a todo el resto del mundo. Si se hace así, la discusión sobre la tributación debe ser diferente a una tributación clásica como la que se tiene.
En segundo lugar, cabe recordar que este tipo de servicios son la entrada a la digitalización de las personas, sobre todo en un país tan precariamente digitalizado como este. De ahí que encarecer este tipo de servicios puede ser una movida no tan estratégica. “Si se entiende que la digitalización es lo que genera desarrollo económico para, y lo que debemos buscar es llevar a los colombianos hacia allá, gravar este tipo de servicios es una mala jugada, o una estrategia de corto plazo”, añadió.
A esto hay que sumarle que el 97% del tejido empresarial del país está compuesto por pequeñas y medianas empresas que tienen un componente de digitalización precario e incipiente. Esto fue más notorio en la pandemia de Covid-19, pues las operaciones de comercio electrónico apenas llegaban a 1% en 2019, cifra que subió a 8% durante los momentos más complejos del virus. No obstante, el número cayó a 2% en la pospandemia.
Otro dato para tener en cuenta es que las transacciones en e-commerce representaron 4.48% del recaudo total del país y 18% del recaudo por IVA interno el año pasado. Esto indica que las empresas colombianas todavía no están totalmente inscritas en los canales digitales, y en esa línea, los servicios que se requieren para que puedan posicionarse en la virtualidad también son sujetos de este gravamen, al ser una herramienta clave de muchas plataformas en el mundo.
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De ahí que la discusión en torno a este tema, que se viene dando mucho antes de que Gustavo Petro llegara al poder, se centrara en analizar lo que puede contribuir el comercio electrónico en términos de IVA, desarrollo económico y digitalización de las personas, siempre y cuando se le deje desarrollarse apropiadamente antes de ponerle un impuesto inhibidor.
Con ese argumento, Quiñones logró convencer al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, de que era mucho mejor para el país que el comercio electrónico se desarrollara libremente, al menos en términos fiscales. Esto durante los debates de la segunda reforma tributaria de 2021, también conocida como ‘Ley de Inversión Social’.
“Lo que decíamos es: ¿por qué vamos a gravar una actividad que puede generar desarrollo y que incluye financieramente a las personas por esta trazabilidad?”, comentó la directiva, quien también le sugirió al Gobierno dar un compás de esperar a que esta práctica se arraigara mientras se llevaban a cabo las discusiones en la OCDE.
No obstante, el argumento el Gobierno se centraba en que “a nosotros nos va a tocar una torta muy chiquita de ese pedazo” que resulte de las negociaciones de la OCDE, algo totalmente lógico si se tiene en cuenta el nivel de penetración que tiene el comercio electrónico en Europa o Estados Unidos. De ahí que sea factible que se encarezcan tanto los servicios de plataformas en streaming como los de marketing digital.
No hace falta ser alarmistas
En esas discusiones siempre hay que estar atentos a su desarrollo, pues al final existe un interés por los servicios que prestan estas plataformas. Con esto en mente, argumentar que se van a ir todas del país es un tema “demasiado alarmista”, en palabras de Quiñones. Sin embargo, la directiva reconoce que, en términos de competitividad, era una discusión que no era necesario tener.
Desde entonces, las empresas prefieren abstenerse de tocar el tema debido a la incertidumbre y ausencia de condiciones alrededor del mismo. Forbes Colombia consultó a Netflix y Spotify sobre este asunto, pero ambas plataformas declinaron pronunciarse al respecto, argumentando que no cuentan con una posición oficial sobre el tema. Por su parte, Warner Bros/Discovery, empresa propietaria de HBO Max, no respondió a la solicitud de comentarios.
“Nosotros estamos pensando en unas empresas que no son las que representan la actividad económica fundamental del país. La digitalización es todo un proceso, y para ellas este tipo de cosas resultan muy difíciles de comprender y de apropiar en términos de sus costos, entonces lo que hace es generar una barrera que encarecerá el hacer comercio electrónico”, añadió Quiñones.
El problema no es con los que están acá, sino con los que quieren llegar o los que buscan prestar servicios de streaming que operen en el país, pues el recaudo de Netflix o Prime no aterriza en Colombia. Hay otras que definitivamente no tienen vocación de llegar, pues las plataformas en general no tienen un interés común en establecerse en cada una de las naciones donde tienen operación.
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Bajo esa perspectiva, es difícil saber si el tema de los pagos ya mencionado sea por eso justamente, pero el punto clave es que decidan prestar servicios que lleguen a Colombia y si estructuran o no una oferta de valor para el país. En cuanto a la posibilidad de establecerse o no en Colombia, Quiñones recalcó que es algo que ninguna de estas multinacionales se plantea por las complejidades administrativas que conlleva. “Son empresas que, por naturaleza, no se parecen, porque la forma en la que prestan los servicios no es en cada uno de los países, sino desde un solo lugar del mundo”, aseveró.
Ahí es donde entran los vericuetos del comercio internacional en un contexto digitalizado, sobre todo en casos donde se manejan transacciones que incluyen un emisor local y una entidad foránea, método conocido como operaciones crossborder. No obstante, expertos consultados por Forbes recalcaron que representan una situación diferente a la descrita hasta el momento.
En este caso, las franquicias tienen un negocio que consiste en que las entidades bancarias entregan una licencia para que puedan emitir tarjetas y adquirir transacciones provenientes de comercios con quienes tengan acuerdos. Posteriormente, les cobran una tarifa por eso, pero le están pagando a la franquicia una licencia por haber permitido este movimiento, que se llama aquerencia, y por haber emitido tarjetas que muchas personas pueden usar en cualquier parte porque tienen una app que funciona en cualquier rincón del mundo.
Cuando se da el movimiento nacional de las transacciones que se hacen con tarjeta, pasan a través de las redes del sector bancario colombiano, momento en que se llevan a cabo las respectivas compensaciones y pagos por cuenta de esas posiciones de los bancos.
En este tipo de transacciones, que son de colombianos en el exterior o de extranjeros en Colombia, la cámara de compensación no es a través de las redes locales, pues hay un pago previo que, por ejemplo, tiene que pasar por Visa o Mastercard para que sepa que es una transacción internacional.
El resultado
¿Qué hicieron las plataformas en Colombia? Contrataron una pasarela de pagos y les pidieron que los representara ante el sistema colombiano con el fin de que esas transacciones fuesen nacionales y no se cobraran en dólares, como sí ocurre con las operaciones internacionales.
Eso se admitió por la franquicia en cuestión durante años, pero cuando el crecimiento se hizo exponencial después de la pandemia, empezaron a ser muchas las transacciones que actores como Visa o Mastercard no estaban viendo, según explicaron los expertos, que pidieron reserva de su nombre.
Este es un efecto más de cómo se desarrolla la economía digital, lo que también implicó una serie de ajustes en términos de costos, que ahora están en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El presidente de ACH Colombia, Gustavo Vega, comentó a Forbes que, en una economía global y con los avances tecnológicos que conlleva, cada vez es más necesario poder hacer compras o pagos transfronterizos o crossborder. “Hoy existen mecanismos que pueden ser demorados o de un costo alto para el usuario; de ahí que sea necesario desarrollar mecanismos de fácil acceso, a precios razonables y con una buena oportunidad para que los usuarios puedan hacer esas transacciones. En varias geografías, esos mecanismos ya existen y los sistemas de pago de bajo valor han jugado un papel relevante en su desarrollo”, añadió.
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Por su parte, el CEO de la pasarela de pagos Wompi, Alejandro Toro, sostuvo que aumentar los costos a las transacciones electrónicas con márgenes tan pequeños “como los que tenemos, puede jugar en contravía del desarrollo del comercio electrónico. Eso lo que hace es constituirse en un nuevo costo en la estructura de costos de las compañías que deben tener en cuenta y, por ende, tienen que reflejarlo en los precios de sus productos, y eso puede tener un impacto en el desarrollo del sector”.
Con los costos adicionales que podrían aprobarse próximamente, cada empresa que quiera llegar a Colombia tendrá que hacer una evaluación para determinar muy bien cuál será la estructura de costos que usará para competir adecuadamente, tanto en este país como en cada una de las geografías donde esté.
Sin embargo, los avances que han tenido las diferentes empresas que trabajan en el sector han demostrado que el e-commerce tiene un buen camino por delante, aunque expertos como Toro han recalcado la importancia de que no nos conformemos en que el 4% de las ventas totales del país sean a través de estas plataformas.
“Tenemos mucho camino por recorrer. Sin embargo, cuando uno mira las proyecciones de crecimiento son todavía muy tímidas, pues los estimados de crecimiento del e-commerce no llegan al 20%. Para poder tener un crecimiento de tres dígitos, tenemos que hacer temas revolucionarios y más innovadores, no solo en el tema del pago electrónico, sino en las cadenas de distribución, el acceso a la tecnología, la financiación y a los medios de pago alternativos que se están creando”, concluyó Toro.
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