A pesar del inminente hundimiento de la reforma a la Salud en el Senado, el gobierno está sacando adelante el propósito de ésta con una especie de plan B: dejar a los privados por fuera del sistema.
Aunque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo anoche que los 5,7 millones de afiliados a EPS Sanitas deben estar tranquilos, porque seguirán contando con los servicios médicos en las mismas instituciones donde los atendían, la intervención de la segunda EPS privada más importante del país suscitó una oleada de críticas.
“Crearon la crisis y hoy intervienen a Sanitas, una de las mejores EPS del país”, dijo Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios EPS Sanitas, a través de las redes sociales y en declaraciones a los medios.
Según Quiceno, la intervención por un año fue “una retaliación” del gobierno por el inminente hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado.
José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda del actual gobierno, señaló en la red social X que la respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas.
“El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos”.
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Y es que con la intervención de Sanitas, que cuenta con más de 5,7 millones de usuarios, el gobierno asumió el control del sistema de salud, casi la mitad de los usuarios (más de 25 millones) y de los recursos ($45 billones), teniendo en cuenta las EPS intervenidas y los afiliados a la Nueva EPS, como se desprende de las siguientes cifras:
Asmet Salud: 1.648.875
Emssanar: 1.794.206
Famisanar: 2.918.982
Sanitas: 5.780.082
Savia Salud: 1.672.446
Nueva EPS: 11.294.814
Total: 25.109.405
Entre tanto, Alejandro Gaviria, quien ocupó la cartera de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, y de Educación en el actual gobierno, se refirió a lo que llamó la inminente destrucción del sistema de salud.
“El sistema de salud de Colombia ha sido el avance social más importante de nuestro país desde la Constitución de 1991. Ahora, por decisiones caprichosas y desafueros que incluso vienen del propio presidente, estamos ante su inminente destrucción”.
“Al gobierno se le hunde la reforma a la salud y reacciona hundiendo el sistema. Eso no es democracia”, dijo por su parte el ex ministro Mauricio Cárdenas.
Los argumentos del gobierno
“La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, destacó el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, en una declaración ofrecida esta noche en la Casa de Nariño.
Según explicó, las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas y con todos los prestadores de servicios de salud se venían incrementando. Para diciembre del año pasado cerraron por encima de los 2 billones de pesos, “lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud”.
Según la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, lo que ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.
Leal, un ex concejal del Partido Verde que acaba de llegar a la Superintendencia, reiteró que “esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS y que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada”.
El superintendente advirtió que la decisión se tomó “con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas” y agregó que el gobierno constató una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.
Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud y en la autorización y atención de otros servicios de salud, según la Superintendencia.
Tras la intervención, serán removidos de sus cargos al representante legal, la Junta Directiva de la EPS y la Asamblea de accionistas. Y el gobierno designó un interventor, Duver Dicson Vargas Rojas, quien desde 2022 se desempeña como agente especial en el proceso de intervención del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar.