Según el Comité Intergremial, la intervención no desactivará el riesgo de apagones y genera mayor presión en costos a empresas y hogares.
El Comité Intergremial del Atlántico pidió al Gobierno dejar sin efecto dos resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y en vez de ello aplicar medidas que logren una mayor eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
En un comunicado, el Comite pidió concretar decisiones que lleven a un mejor diseño del mercado de este insumo básico para la productividad de las empresas, el bienestar de los hogares y el desarrollo económico.
“Las tarifas de energía eléctrica subirán aún más a partir de mayo como consecuencia de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas que obliga a las
termoeléctricas a hacer despachos forzados y fija nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas”, dicen los gremios y advierten que la medida ocasiona incrementos en el costo de las Restricciones a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico.
Según explican, el aumento del costo del componente de Restricciones impacta el Costo Unitario, que en los primeros dos días de la aplicación de esta resolución subió de $8 por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora, y a ello se sumarán los pagos de los saldos de deuda que tienen los usuarios con los comercializadores por la llamada Opción Tarifaria; las alzas derivadas de tener una oferta de energía menor a las necesidades del mercado; y los incrementos por el castigo establecido por el Gobierno nacional para quienes excedan sus consumos.
“Aunque la intervención del Gobierno ha desplomado de manera artificial el precio de la energía en Bolsa, el impacto de ese hecho será superado en exceso por el incremento del costo de las Restricciones aplicadas a la generación, y no tendrá ningún efecto en el propósito de superar las amenazas de racionamiento por el bajo del nivel que aún presentan los embalses”.
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Señalan además que al inducir a una inadecuada valoración de los recursos energéticos se aumenta el riesgo de racionamiento, y se pone a cargo del usuario final un sobrecosto en su factura. “Son las hidroeléctricas las que deben asumir los costos que les permitan guardar agua y recuperar los embalses”.
“La intervención del mercado hecha por el Gobierno nacional premia las ineficiencias de aquellas hidroeléctricas que no hicieron una adecuada gestión de sus embalses y se comprometieron a entregas que no podían cumplir, y de las comercializadoras que no se cubrieron con contratos bilaterales”.
Con las primeras lluvias caídas estos días y el cambio de tendencia en la disminución de los embalses, las hidroeléctricas bajaron el valor de sus ofertas logrando que cayera el precio de la energía en Bolsa de más de $1.000 a $239, dice el Comité en el comunicado.
“Como consecuencia de ello las hidroeléctricas compran en Bolsa a un menor precio la energía que necesitan ellas mismas para atender sus obligaciones contractuales de entregas, aumentando sus ganancias mientras llenan los embalses, y se incrementa de manera desproporcionada el costo de las restricciones a toda la demanda de energía”.
Advierten también que la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía también afecta a los auto generadores que contribuyen con sus excedentes y son remunerados con el precio de Bolsa. “Con la caída de tales precios no les resulta rentable generar excedentes de energía para venderlas al mercado y contribuir a reducir el riesgo de apagones. El sector industrial será fuertemente impactado con mayores costos de energía, obstaculizando así su recuperación en medio de una coyuntura económica difícil”.