Los retos y avances de la transición energética

El cambio climático es un concepto del que se habla hace mucho tiempo. Aún así, algunos pensaban que sería un evento futuro que solo pondría en peligro a las próximas generaciones. Pero en los últimos años el mundo se dio cuenta de que la vida ya está en riesgo a causa de sequías, temperaturas récord, incendios, inundaciones y otra clase de eventos climáticos.

En 2024, tanto gobiernos como privados tienen el deber de avanzar hacia una vida más sostenible que intente mitigar el daño ya causado o evite que el cambio climático avance más y siga poniendo en riesgo el equilibrio del planeta. El mundo ya está avanzando en esta transición, pero ¿cómo va Colombia?

En el país se siente un ánimo positivo de todos los actores para avanzar hacia una Colombia más verde y hay un especial énfasis en transitar de combustibles fósiles a formas sostenibles de energía. El año pasado entraron en operación en el país 25 proyectos solares, lo que se traduce en 2081 megavatios (MW) y un aumento de 70% en la capacidad instalada en años anteriores.

Para 2024, la Asociación de Energías Renovables, Ser Colombia, estima que se desarrollen 66 proyectos, 3.040 MW de nueva capacidad, con una inversión de US$$2.200 -algunas inversiones se dieron en años previos-. De estos proyectos algunos estarán en la etapa de prueba, construcción o desarrollo a lo largo de este año.

Es una buena cifra si se tiene en cuenta que los proyectos de energías renovables no convencionales llegarán al 9% de la capacidad del parque generador en Colombia, cuando históricamente representaron menos del 1%.

No todo es viento y sol

En esta transición casi todo marcha sobre ruedas. El Gobierno ha manifestado que este tema es una prioridad en la agenda, hay ánimo de los privados por entrar al mercado colombiano: los proyectos que se trabajarán en 2024 están a cargo de 22 empresas, muchas de las cuales entraron recientemente al país, hay financiación y demanda. Pero sí falta algo en la ecuación: celeridad en los tiempos de los trámites.

“En promedio, el inicio de operación de un proyecto de pequeña escala tarda entre 3 y 6 años. Estos tiempos de entrada se reducirían a la mitad si se cumplen los plazos normativos y se definen términos para los permisos que no los tienen”, explicó Ser Colombia en un reciente informe sobre el panorama de la industria en 2024.

Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, dice que en promedio, solo 6 de 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada.

En 2023, solo se ejecutaron 36% de los 41 proyectos identificados para ese año, lo demás fue pospuesto para 2024 y 2025. Para este año, 39 proyectos que representan 59% del portafolio aún están avanzando en trámites para su entrada en operación, 3 están en pruebas (580 MW), 5 proyectos (123 MW) en construcción, 1 proyecto (9,9 MW) listo para construir y 30 proyectos restantes (1233 MW) en desarrollo.

Según Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia, 35 de los 66 proyectos estimados para 2024 no han alcanzado aún su cierre financiero, debido a que la financiación se concreta una vez están en línea los permisos. ¿Y cuál es el problema con los permisos? Como muchos en Colombia, estos proyectos también sufren la burocracia de las instituciones y su papeleo.

Casi la mitad de los trámites están relacionados con permisos y licencias ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s). Los procesos con los operadores de red son significativos. Los trámites ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) también suponen demoras: las empresas deben radicar una solicitud de cambio de la Fecha de Puesta en Operación (FPO), clave para conservar su derecho a conexión a la red, debido a que esta se vence por demoras en otros procesos. Las empresas invierten el 70% del tiempo en trámites.

La solución

El diálogo en el país seguirá siendo clave, ya que los actores involucrados tienen el ánimo de cooperar, es momento de identificar las fallas, corregirlas y seguir avanzando, ahora a paso acelerado. Además, será importante que se respeten los marcos de tiempo legalmente previstos para trámites, especialmente los tiempos de las licencias ambientales en las CAR´s regidos por el Decreto 1076 de 2015.
Ser Colombia pide “expedir con urgencia la regulación en proceso que simplifica los trámites ante la UPME, especialmente los cambios de FPO. Ello permitiría salvar 580 MW de las subastas que actualmente tienen alto riesgo de cancelación”.

Tanto Acolgen como ANDEG han pedido una nueva subasta de energía, luego de la realizada el pasado 15 de febrero, en la cual fueron asignadas obligaciones en firme por 4.441 MW de plantas solares nuevas (99%) y 48 MW de plantas térmicas (1%), con el fin de garantizar la demanda de energía de cara a 2027 y 2028.

“Debe revisarse la energía firme que aportarán los nuevos proyectos solares y entender que la operación enfrentará condiciones de mayor intermitencia, que exigen retomar las discusiones de temas como los servicios complementarios, la generación distribuida (incluyendo las comunidades energéticas), la modernización del mercado mayorista y la ampliación de la oferta con tecnologías como el almacenamiento donde sea viable”, dijo Gutiérrez, de Acolgen.

Y es que según Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de ANDEG, la baja asignación de energía firme en esta subasta -que es la que garantiza la energía del país- menoscaba la firmeza y disponibilidad confiable del suministro para atender los requerimientos energéticos de los colombianos en el futuro.
A su vez, Ser Colombia pide restablecer el Decreto 570 de 2018 que permite la convocatoria de subastas públicas para la contratación FNCER de largo plazo.

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