Urge hoja de ruta para desarrollar un modelo eficiente de estabilidad de precios de combustibles en Colombia

En las economías líderes, los precios de la gasolina y el diésel suelen ser altamente volátiles, reflejando la poca regulación de sus mercados y la estrecha dependencia de los precios de estos combustibles con las fluctuaciones del precio del petróleo crudo, el principal componente en los costos de producción. 

Los gobiernos de estas naciones confían en que el mercado y la competencia mantendrán los precios razonablemente alineados con los costos, sin necesidad de intervención directa y los consumidores se adaptan rápidamente a las oscilaciones de los precios. 

De destacar que, en el ámbito económico y social, esta volatilidad no parece restringir la planificación empresarial ni generar un impacto significativo en la inflación.

En contraste, los países menos desarrollados enfrentan la alta variabilidad de los precios de manera diferente. En esos lugares, las fluctuaciones pueden aumentar la inflación, generar incertidumbre en los costos empresariales y afectar a los grupos más vulnerables. Por esta razón, los gobiernos intervienen y regulan los mercados de combustibles para estabilizar los precios internos frente a las variaciones internacionales.

Desde la creación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) en 2007, Colombia ha adoptado un enfoque que asegura a los consumidores precios estables de combustibles, aislándolos de la inestabilidad diaria del mercado global y de las variaciones en los costos de producción ligados al precio del crudo.

Esta cobertura, aunque efectiva, resulta extremadamente costosa, ya que mitiga el riesgo de volatilidad en los precios internacionales de referencia de los combustibles para toda la población y sectores afectados en el país.

Si los recursos del FEPC son insuficientes durante un aumento en los precios internacionales, el Estado debe asumir la diferencia entre los precios regulados mensuales establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y los costos estimados de producción, importación y comercialización de los combustibles, ajustados según las variaciones del precio internacional del crudo.

En su más reciente informe sobre el FEPC de la Contraloría General de la República, se reveló que los costos fiscales que ha tenido ese Fondo rondan los 100 billones de pesos, eso equivale a 7 veces el recaudo en 2023 de la última reforma tributaria.

Esta cifra demuestra el elevado costo que ha asumido el Estado para sostener un modelo de estabilización de precios, en el que asume en solitario los riesgos de la volatilidad con el fin de garantizar unos precios mensuales fijos a los consumidores.

Más allá del FEPC, el modelo resulta disfuncional al intentar desvincular los precios locales de los combustibles de las fluctuaciones de los precios de referencia internacional, lo que ha llevado a establecer precios internos administrativos “de escritorio”.

Aunque los precios nacionales se basan en los costos de producción y comercialización, están influenciados por objetivos inflacionarios y sociales. Esto implica que, independientemente de los costos reales, el gobierno termina fijando los precios más alineados con sus metas sociales y económicas, de lo cual se derivan precios rígidos, estáticos, artificiales y desalineados de la dinámica de los precios internacionales. 

Las estimaciones de los costos son realizadas mensualmente por el Ministerio de Minas y Energía, utilizando fórmulas reguladas que incorporan los costos de producción, distribución, comercialización, impuestos, y hasta los márgenes de ganancia que deberían obtener todos los actores de la cadena de abastecimiento.

Se requiere un nuevo modelo centrado estrictamente en la gestión de los riesgos de los precios de los combustibles, que ofrezca protección y estabilidad con menor regulación. Este modelo debe permitir que los precios internos se definan técnicamente de manera diaria o semanal, fluctuando en un marco regulado y supervisado por el gobierno, pero sincronizado con la dinámica de los mercados globales.

Se podrían considerar modelos más flexibles, como los aplicados con éxito en países como Chile, que emplean un sistema de bandas flexibles, donde los precios internos fluctúan dentro de un rango predefinido. 

El gobierno interviene solo si los precios internos, impulsados por los internacionales, exceden ese rango, ajustando impuestos y subsidios para mantener los precios dentro de la banda. 

Esta orientación amortigua las fluctuaciones internacionales, reduce la carga fiscal y podría complementarse con un esquema de impuestos y subsidios focalizados en grupos específicos, en lugar de aplicarlos de manera generalizada.

En tal sentido, un modelo menos regulado y más flexible permitiría que los precios internos presenten una variabilidad predecible y controlable, estando armonizados con los precios internacionales. 

Esto disminuiría la intervención estatal en términos de recursos de cobertura, permitiendo al mismo tiempo aplicar impuestos y subsidios de manera equitativa y oportuna a los actores de la cadena de suministro, mientras se protege a los más vulnerables de las fluctuaciones de los precios internacionales.

Está claro que el modelo actual de estabilización de precios de combustibles no corregirá su ineficiencia con simples ajustes coyunturales. Es necesario un cambio estructural, y es urgente que el gobierno establezca la hoja de ruta adecuada para diseñarlo e implementarlo.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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