La prohibición del matrimonio infantil no es solo una victoria legislativa; es un triunfo moral que nos obliga a reflexionar sobre el lugar que ocupan las niñas en nuestra sociedad.

La reciente aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia es un hito en la defensa de los derechos de la niñez. Este avance, que pone fin a la posibilidad de que menores de 18 años puedan casarse con permiso de sus padres, marca un cambio crucial en la construcción de un país más justo y equitativo para nuestras niñas y adolescentes.

Durante décadas, el matrimonio infantil ha sido una realidad que esconde realidades muy duras para las niñas: perpetúa ciclos de pobreza, desigualdad y vulneración de derechos. Este fenómeno, lejos de ser una cuestión de “tradición” o “voluntad familiar”, constituye una forma de violencia que corta de raíz los sueños, la educación y las oportunidades de miles de niñas en nuestro país. Estudios han demostrado que el matrimonio temprano aumenta el riesgo de abuso, embarazo adolescente, deserción escolar y limitaciones económicas para las jóvenes, condenándolas a un futuro de desigualdad.

Hasta hace poco, Colombia era uno de los dos únicos países en América Latina, junto con Argentina, que permitía el matrimonio infantil con autorización de los padres. Este rezago legislativo contradecía los compromisos internacionales asumidos por el país en la protección de los derechos de la niñez. Con la aprobación de esta ley, Colombia no solo avanza en la región, sino que refuerza su responsabilidad de garantizar una infancia libre de violencia y desigualdad.

En la Fundación Juanfe hemos sido testigos de cómo las niñas afectadas por esta práctica enfrentan profundas barreras para salir adelante. Muchas de ellas son forzadas a abandonar sus estudios, convirtiéndose en madres antes de haber tenido la oportunidad de vivir su propia infancia. Estas niñas, que deberían estar desarrollándose plenamente, se ven obligadas a asumir responsabilidades que limitan sus proyectos de vida.

En 2023, realizamos la caracterización de nuestro grupo de madres adolescentes que ingresaron a nuestro programa en Medellín, y se identificó que el 22,2% de ellas tiene parejas entre 5 y 10 años mayores, mientras que le 15,7% tienen parejas que superan los 10 años de diferencia de edad.

La prohibición del matrimonio infantil no es solo una victoria legislativa; es un triunfo moral que nos obliga a reflexionar sobre el lugar que ocupan las niñas en nuestra sociedad. La ley, además, envía un mensaje poderoso: el bienestar, la educación y los derechos de las niñas no son negociables. Colombia está empezando a reconocer que la infancia debe estar protegida de cualquier forma de explotación o abuso que limite su desarrollo.

Sin embargo, este paso adelante también nos plantea nuevos retos. La implementación de esta ley debe ir acompañada de políticas públicas que fortalezcan la educación sexual y reproductiva, el acceso a la salud, la promoción de la igualdad de género y la lucha contra las prácticas culturales que normalizan la violencia y la subordinación de las niñas. Prohibir el matrimonio infantil es un gran avance, pero no es suficiente si no trabajamos para transformar las condiciones estructurales que perpetúan estas desigualdades.

No podemos olvidar que el embarazo adolescente y en niñas sigue siendo uno de los grandes perpetuadores de pobreza en Colombia y en países en desarrollo. Nos sigue costado 6.3 billones de pesos anuales, por los costos asociados a la atención del embarazo, costos de oportunidad en educación y costos sociales. Más de 81 mil nacimientos son de madres adolescentes y de niñas.

En este momento histórico, invito a todas las organizaciones, instituciones y ciudadanos a unir esfuerzos para garantizar que esta ley sea mucho más que un papel firmado. Hagamos de esta oportunidad un punto de partida para construir una Colombia donde cada niña pueda soñar en grande, educarse, crecer y decidir sobre su propio futuro.

El matrimonio infantil no tiene lugar en una sociedad que aspira a la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Celebremos esta victoria, pero no bajemos la guardia. El verdadero cambio comienza cuando, como sociedad, decidimos proteger y priorizar a nuestras niñas en cada rincón del país.

*La autora es presidente de la Fundación Juanfe.

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