En una rueda de prensa, la ministra de Transporte dio que el Gobierno Nacional tiene la facultad de poder decidir en qué momento y para qué actividades puede entregar este tipo de infraestructuras.
Según la ministra de Transporte, María Constanza García, hace un año el sector transporte, en el marco del consejo directivo de la ANI, tuvo conocimiento de situaciones relacionadas con el manejo del componente ambiental la infraestructura del Muelle 13, que ha sido administrada por Armada a través de un contrato de homologación, y que había sido arrendado para la operación al Grupo Portuario de Buenaventura.
“Sobre el Muelle 13 no se tuvo un contrato de concesión como está establecido en nuestras normas, lo que había era un contrato de homologación que había suscrito en 1994 y terminaba el 6 de enero de 2024”, dijo la funcionaria.
Según García, en ese momento el Gobierno Nacional considera que la información expuesta en el consejo directivo del sector -encargado de aprobar cualquier contrato en el ámbito portuario- prende las alarmas y comienza durante todo 2024 una serie de investigaciones que han llevado al gobierno a ver que hay una serie de irregularidades en el proceso.
“Hoy consideramos que las características de este puerto debieron haber generado el trámite de una licencia ambiental, no un plan de manejo ambiental como se suscribió”.
Dijo que a lo largo del año han sido notificados de una auditoría de la Contraloría que se hizo al muelle, donde también hay evidencia de unos hallazgos relacionados con el componente ambiental, el estado de la infraestructura y el manejo del contrato.
“Cada una de las actuaciones que hemos hecho han observado cuáles son los requisitos para poder tomar decisiones frente a esta infraestructura que son de titularidad del Gobierno Nacional, que mantiene una facultad de poder decidir en qué momento y para qué actividades puede entregar este tipo de infraestructuras”, señaló.
El Grupo Portuario de Buenaventura ha calificado la decisión como “arbitraria” y denunció su impacto sobre la operación del terminal. “Actualmente, en las bodegas del terminal granelero hay almacenadas 90.000 toneladas de carga, cuya movilización ha quedado suspendida, afectando tanto a importadores como a exportadores”, aseguró la concesión en un comunicado.
Además, señaló que la medida “desconoce el cumplimiento a cabalidad de las exigencias ambientales” estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental de 2002. “La interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, resulta desproporcionada, considerando que se trata de un servicio público esencial”, agregó.
La decisión ha generado polémica. Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, los proyectos de infraestructura, y operación logística del país no pueden estar sujetos a decisiones caprichosas. “Todo lo que sucede en el muelle 13 en Buenaventura está enviando señales, a todos los proyectos en los cuales el sector empresarial ha decidido hasta ahora apoyar los esfuerzos del Estado colombiano”.