Cuando el sistema fiscal ignora a quienes sostienen al país: la brecha con las comunidades afrocolombianas

En el debate sobre justicia económica y fiscalidad en Colombia, las comunidades afrocolombianas enfrentan una doble carga: son parte fundamental del tejido económico del país, pero se encuentran alejadas de los espacios donde se toman decisiones que determinan la distribución de recursos y el diseño de políticas tributarias. Esta desconexión no solo perpetúa desigualdades históricas, sino que también priva al país de perspectivas clave para construir un sistema fiscal más inclusivo. 

Las comunidades afrocolombianas son protagonistas en sectores económicos como la agricultura, la minería artesanal y el comercio, que en buena parte es informal. Estas actividades, aunque esenciales, se desarrollan en contextos de precariedad laboral y bajos ingresos, donde los beneficios de la formalidad no alcanzan a las regiones afrodescendientes. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano, una región mayoritariamente afrodescendiente, la tasa de informalidad laboral supera el 80%, según datos del Dane,  mientras que en el promedio nacional es del 58%.

Además, un pequeño productor agrícola en regiones como el Pacífico y el Caribe, puede ganar menos de 500.000 pesos mensuales menos del salario mínimo –, mientras enfrenta altos costos logísticos por la falta de infraestructura. A pesar de su aporte significativo, la política fiscal no prioriza la redistribución hacia estas zonas ni reconoce las necesidades particulares de las comunidades. Programas de subsidios o incentivos fiscales, cuando existen, son diseñados sin un enfoque diferencial, perpetuando la invisibilidad de las demandas afrocolombianas en el sistema tributario.

La exclusión de las comunidades afrocolombianas de los espacios de toma de decisiones tiene raíces históricas y estructurales. Aunque existen liderazgos afrocolombianos destacados, estos no tienen una representación proporcional en el Congreso ni en los organismos que definen políticas fiscales. Además, la complejidad del sistema tributario y la ausencia de mecanismos para educar y empoderar a las comunidades afrocolombianas limitan su capacidad de incidencia. Una barrera adicional que enfrenta el desarrollo fiscal en las regiones afrodescendientes es la falta de conocimiento y capacidad técnica de muchos gobiernos locales para gestionar sus recursos. 

En ocasiones, alcaldes y funcionarios, en el ejercicio de la administración pública, no tienen la suficiente capacidad técnica e institucional para gestionar sus recursos . Esta falta de formación y de herramientas técnicas lleva a la subejecución de los recursos destinados a la infraestructura, la educación y los servicios públicos en estas comunidades, perpetuando la desigualdad. Adicionalmente, la burocracia centralizada dificulta el acceso a los fondos necesarios para atender las necesidades específicas de estas poblaciones, lo que resulta en un uso ineficiente de los recursos que podrían contribuir al cierre de  brechas críticas. Por otra parte, las políticas fiscales suelen diseñarse en Bogotá desde una perspectiva centralista del país, que está lejos de entender  las necesidades locales de los territorios afrodescendientes y las prioridades nacionales que podrían impactar directamente a esta población.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas (ONU) han reconocido la importancia de abordar las desigualdades estructurales y de integrar un enfoque inclusivo en las políticas económicas. Las estrategias del BID, orientadas hacia el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo sostenible, han señalado que los territorios afrodescendientes requieren atención prioritaria para reducir las brechas económicas y sociales. Por ejemplo, según el BID, se necesitarían al menos $2 billones de pesos anuales en inversión para infraestructura en las regiones del Pacífico y Caribe para cerrar las brechas de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad.

En una de las discusiones más recientes sobre tributación en la ONU, se subrayó la importancia de reformar los sistemas fiscales globales para abordar las inequidades estructurales. En particular, se planteó la necesidad de que los países en desarrollo, como Colombia, implementen políticas tributarias más progresivas que aseguren que las comunidades históricamente marginadas, incluyendo las afrodescendientes, reciban una parte justa de los recursos fiscales. Este enfoque incluye mecanismos como la implementación de impuestos redistributivos y la eliminación de incentivos fiscales que benefician desproporcionadamente a grandes corporaciones, muchas veces en detrimento de las economías locales y comunitarias. Por ejemplo, un informe reciente reveló que mientras grandes empresas multinacionales reciben beneficios fiscales que equivalen a más del 2% del PIB, las transferencias directas a las comunidades vulnerables representan menos del 0,5% del PIB.

Un elemento fundamental en este análisis es el rol de la economía del cuidado, tanto remunerada como no remunerada, en las comunidades afrocolombianas. Gran parte del trabajo de cuidado no remunerado recae en mujeres afrodescendientes, quienes desempeñan roles esenciales en sus hogares y comunidades sin recibir una compensación económica adecuada. Según estimaciones, el valor del trabajo doméstico no remunerado en Colombia equivale al 20% del PIB, pero su impacto en comunidades afrodescendientes es mayor debido a la falta de acceso a empleos formales y programas de apoyo. Por otro lado, el cuidado remunerado, que incluye actividades como la asistencia doméstica y el cuidado de personas mayores, también tiende a ser precarizado y mal pagado; en promedio, las trabajadoras domésticas afrocolombianas ganan un 30% menos que sus pares no afrodescendientes.

Para abordar estas desigualdades, se necesita una política fiscal que incorpore un enfoque interseccional, reconociendo tanto el trabajo de cuidado remunerado como no remunerado en las comunidades afrocolombianas. Esto podría incluir incentivos fiscales para empleadores que formalicen el trabajo de cuidado, así como transferencias económicas directas para apoyar a quienes realizan labores de cuidado no remunerado. De esta manera, el sistema tributario no solo sería más inclusivo, sino que también promovería una distribución más equitativa de las responsabilidades económicas y sociales.

Sin embargo, estas iniciativas muchas veces no logran una implementación efectiva en el contexto colombiano debido a la falta de conexión entre los lineamientos internacionales y las realidades comunitarias. Las comunidades afrocolombianas continúan enfrentando barreras para acceder a programas financiados por organismos multilaterales, ya sea por desconocimiento o por falta de representación en las mesas técnicas donde se define la asignación de recursos. Esto pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos que traduzcan las políticas internacionales en acciones concretas que beneficien directamente a estas poblaciones.

Para reducir las brechas económicas, es fundamental repensar el sistema fiscal desde una perspectiva de justicia económica. Esto implica diseñar presupuestos que prioricen infraestructuras, educación y servicios en las regiones afrodescendientes, reconociendo su papel en la economía nacional. También es esencial implementar exenciones fiscales y mecanismos de apoyo dirigidos a pequeños productores, comerciantes y emprendedores afrocolombianos. Crear espacios donde las comunidades puedan influir en la formulación de políticas fiscales y presupuestales también es clave para garantizar una representación efectiva.

Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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