Descentralización: la promesa incumplida de la Constitución del 91

Las regiones de Colombia han padecido el centralismo que durante buena parte de su vida republicana ha sostenido el país. Sin embargo, nunca lo había sufrido tanto como con el gobierno Petro. Se dirá en contra de esta afirmación que el Congreso decidió aumentar las transferencias a los territorios, pero hay dos reparos: un período de transición de 12 años —más lo que podría tomar la aprobación de la ley de competencias— y la dependencia del nivel central intacta.

Detengámonos a analizar la palabra “transferencias”. ¿Son un regalo? ¿Un subsidio? Olvidan que la riqueza del país se genera en los territorios que lo componen.

El proyecto de referendo que promueve un grupo de ciudadanos y busca modificar el artículo 298 de la Constitución, para que los tributos de renta y patrimonio queden en manos de los Departamentos y el Distrito Capital, representa una verdadera autonomía fiscal territorial.

Además, profundiza la descentralización –promesa incumplida de la Constitución Política del 91–, siguiendo los principios de solidaridad territorial, concurrencia, subsidiariedad, eficiencia, prevalencia ambiental, entre otros.

Así sería el texto adicionado al artículo: “Solo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto. Su distribución se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley”.

Con la propuesta, la propiedad de estos tributos será de los 33 entes territoriales de manera conjunta y colectiva. Esto permitirá que cada uno de ellos pueda duplicar la asignación que actualmente recibe por medio del Sistema General de Participaciones —SGP—. Aunque valga decir que las regiones no se quedarán con la totalidad de los ingresos que allí se generen.

Por ejemplo, las personas naturales y jurídicas de Antioquia podrían entregarle este año más de $23 billones a la DIAN por concepto de renta y patrimonio; las de Bogotá, $37 billones. Con el referendo en marcha, recibirían no menos de $12 billones y $9 billones, respectivamente. La reglamentación del referendo –que no debería tomar más de dos años– y de las mal llamadas “transferencias” comparten un efecto positivo: eliminar el derroche en el nivel central.

Contrario a lo que dice Petro, es muy probable que el Gobierno termine quedándose solo con los bienes públicos de vocación nacional: seguridad y defensa nacional, relaciones internacionales, justicia y el manejo de la macroeconomía. En los demás frentes, Departamentos y Municipios harán un mejor trabajo.

Basta con preguntarnos, ¿qué evidencia existe sobre el avance de las regiones con el actual brazo centralizador?, ¿Qué testimonio sobre esto tienen Chocó, San Andrés o Vichada? En Antioquia solo es necesario visitar regiones como Urabá y Bajo Cauca para ver los vacíos del centralismo.

¡Por favor! No hay que enfrascar todos los debates en la lucha ideológica de clases. Los colombianos nos queremos y respetamos, todos sin distingo de nuestro origen regional.

En resumen, la propuesta busca que los tributos de renta y patrimonio, en lugar de engrosar las arcas y los excesos del nivel central, se queden resolviendo los dolores y necesidades de los departamentos y el Distrito Capital.

Luego de que la Registraduría revise y avale las firmas que recogió ese grupo de ciudadanos, el referendo irá al Congreso para tramitar una ley que será revisada por la Corte Constitucional. Posteriormente, se citarían elecciones para que los colombianos decidan sobre la autonomía de sus regiones.

Es así como la autonomía fiscal no es un capricho ni una amenaza. Es una oportunidad y es la llave para tener un país más fuerte, más equitativo y más democrático. El desarrollo de Colombia está lejos de lograrse por la decisión de un burócrata en un escritorio en Bogotá.

Un ejemplo claro de esta visión centralista es la reciente resolución del Ministerio de Agricultura que pretende dictar qué deben cultivar los campesinos del Suroeste antioqueño. Una región con una vocación naturalmente cafetera, turística, agropecuaria y minera. Este tipo de decisiones, lejos de impulsar el desarrollo, socavan la autonomía de las comunidades, desconocen las regiones y desprecian el conocimiento ancestral y técnico que ellas tienen sobre sus territorios. Tengamos la conversación de seguridad y soberanía alimentaria con hechos. Detonar la producción agropecuaria no es definir polígonos y usurpar la autonomía territorial.

Es inaceptable que las decisiones de orden fiscal, económico y social sigan siendo tomadas por quienes no comprenden las necesidades y potenciales de las regiones.

Por: Andrés Julián Rendón Cardona
Gobernador de Antioquia

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