En carta dirigida al mandatario, le reiteraron que la transición energética requiere planeación y no se puede hacer con improvisación, ni interviniendo las tarifas actuales por decreto.

El pasado lunes lunes 7 de abril, en un nuevo Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra las empresas del sector energético. 

En pocas palabras, las señaló de conformar un “oligopolio” que estaría “robando el dinero” de los colombianos. “Es una especie de feudalismo, uno de los grandes hechos de corrupción”.

Este miércoles, el Comité Intergremial le pidió respeto al mandatario y un diálogo técnico y serio.

“Rechazamos contundentemente los señalamientos provenientes del Gobierno Nacional en contra de las empresas del sector, y hacemos un llamado respetuoso a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país”, dijo el Comité que está conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Natuegas, Ser Colombia y la ACP. “Es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema”. 

En la misiva, destacaron los siguientes puntos: 

1- Las tarifas son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente.  Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los requiere con urgencia.

2- Los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan ganancias injustificadas.  En épocas periodos de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a bajar; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo.

3- El respecto por la institucionalidad del sector es fundamental para asegurar las inversiones necesarias que permitan mejorar y expandir el servicio. Colombia necesita, en el mejor de los casos, 1000 MW de energía firme adicionales en los próximos tres años para atender la demanda y mantener el equilibrio del sistema. Las empresas del sector – públicas, privadas y mixtas- son fundamentales para el abastecimiento de electricidad en el país, convertirlas en instrumento de controversia política perjudicará a los usuarios como ya ocurrió en el pasado.

4- Las empresas están garantizando el servicio. En 2024, las comercializadoras de energía acumularon más de $7 billones en cuentas por cobrar de subsidios por parte del Estado, opción tarifaria, y deudas por parte de entidades oficiales, entre otros, situación que compromete seriamente su sostenibilidad financiera; a pesar de ello, han garantizado la continuidad del servicio sin cortes masivos hasta ahora, protegiendo a los usuarios más vulnerables.

5- El gas natural juega un rol clave para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de escasez hídrica.

6- La transición energética requiere planeación, no se puede hacer con improvisación. Los paneles solares en hogares son una alternativa, sin embargo, no reemplazan la red nacional y sin almacenamiento no garantizan cobertura continua de la demanda de energía, especialmente en horas nocturnas o días nublados. El programa Colombia Solar no puede financiarse con deuda pública sin planificación, esto va en contravía del principio de eficiencia del gasto público, y tampoco debe desfinanciar el presupuesto del fondo de solidaridad para financiar los subsidios.

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