Según los gremios, el proyecto de decreto que pretende modificar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas de retención en la fuente es una maniobra de caja sin sustento técnico que afectaría la economía.
Esta semana el Ministerio de Hacienda emitió un proyecto de decreto que modifica el mecanismo de autorretención y aumenta las bases mínimas de retención en la fuente para las empresas.
Según cálculos de Fedesarrollo, las nuevas tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta implicarían un adelanto en el pago de impuestos de 2026 a 2025 por $13,9 billones (0,8% del PIB).
“Esto repetiría el error de 2023, con el agravante de que no se ha aprobado una nueva reforma tributaria, por lo que esta operación abrirá un hueco fiscal adicional equivalente el próximo año”, dijo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y señaló que, en términos prácticos, es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025.
A las críticas se unió el Consejo Gremial, por considerar que el nuevo proyecto es medida que, lejos de representar una solución estructural, es una maniobra de caja sin sustento técnico, sin visión de largo plazo y con serias consecuencias para la economía nacional.
“Lo que propone el Gobierno equivale a pedirle al país productivo un crédito forzado para financiar el déficit fiscal generado por su ineficiencia en la ejecución del gasto público. Se trata, en la práctica, de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos”.
En un pronunciamiento, el Consejo destacó que la retención en la fuente no es un impuesto adicional, es un anticipo. “Es un cobro adelantado sobre ingresos que ni siquiera se han terminado de consolidar. Esta propuesta castiga el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes. La medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía”.
El Consejo señala que la operación agravaría el hueco fiscal en 2026 y pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y la calificación crediticia del país.
“Desde el Consejo Gremial Nacional advertimos las serias implicaciones jurídicas del proyecto de decreto, en particular la aplicación de una autorretención del 3.5 % a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como las del artículo 23 del Estatuto Tributario”, agrega y señala que al no existir un impuesto a cargo, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, contrariando el principio de legalidad.
Destacada además que la medida no prevé mecanismos de compensación ni beneficios, lo que afecta directamente el flujo de caja de organizaciones sin ánimo de lucro.
“Este cambio alteraría sustancialmente el régimen fiscal vigente, sin una reforma legal que lo sustente, y por tanto requiere una revisión jurídica y técnica a fondo”, dice el Consejo que le pide al Gobierno ajustes en el gasto y que priorice la inversión eficiente, respetando los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
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