“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, advierten ocho partidos en un comunicado conjunto.
Una coalición de partidos políticos colombianos rechazó este martes la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, desconociendo la decisión previa del Senado.
En su pronunciamiento conjunto, los partidos señalaron que la intención del presidente de convocar una consulta popular sin el aval del Congreso constituye “una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”.
En el documento, advirtieron que “la consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, y reiteraron que esta actuación representa un precedente peligroso para la institucionalidad democrática del país.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI instaron a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y demás órganos de control a actuar con independencia ante lo que consideran una amenaza a la democracia.
“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar una consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, y una ruptura de la separación de poderes”, señala el comunicado.
Durante una alocución televisada el lunes por la noche, Petro anticipó que esta semana firmará el decreto de convocatoria para que el pueblo vote su proyecto de reforma laboral, el cual no logró aprobación en el Congreso. “Sé que me va a caer todo, sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia”, declaró el mandatario.
La reacción política fue inmediata. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que “pasar por encima del Congreso” constituye un “quiebre institucional”. Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó que Petro busca “posar de víctima mientras genera una ruptura institucional” y lo calificó de “antidemocrático”.
A las críticas se sumaron la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien calificó el decreto como “inconstitucional”, y el exministro Fernando Carrillo, quien advirtió de un “golpe triple y frontal al Legislativo, al Judicial y a la Constitución del 91”. La analista Sandra Borda aseguró que Petro “se pasó por la faja la división de poderes”.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que demandará el decreto si este se firma, y recordó que el Legislativo ya había rechazado tanto la reforma laboral en marzo como la consulta popular el 14 de mayo. “Si lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente”, afirmó Cepeda.
La oposición también expresó su preocupación sobre el papel del Registrador Nacional, quien sería el encargado de organizar la consulta. En su comunicado, los partidos exigen que actúe “con pleno respeto por el orden constitucional y democrático” antes de autorizar cualquier calendario electoral.
Petro sostiene que la reforma laboral mejorará las condiciones de los trabajadores y cuenta con respaldo ciudadano, pero no ha logrado mayoría legislativa para su aprobación. Una nueva versión del proyecto ya superó tres debates en el Senado, aunque bajo modificaciones clave.
“El país necesita un Gobierno que respete los contrapesos y las reglas del juego democrático”, concluye el comunicado firmado por los partidos opositores. “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una sola persona”.