Solo el 21% de las trabajadoras del hogar en Colombia está formalizada, lo que deja a más de 500.000 mujeres sin acceso a la prima de junio.
Con la llegada de junio, crecen las expectativas por el pago de la prima de servicios en Colombia. Sin embargo, este derecho laboral sigue siendo incierto para miles de trabajadoras del hogar. Según datos de la plataforma Symplifica, más del 50% de estas empleadas no recibirán el pago debido a la alta informalidad en el sector.
Un estudio de la Universidad Javeriana indica que en Colombia hay cerca de 684.000 personas dedicadas al servicio doméstico, de las cuales el 91% son mujeres. Solo el 21% está contratada formalmente. Esto significa que ocho de cada diez trabajadoras no reciben aportes ni beneficios laborales, incluyendo este pago obligatorio, a pesar de que la Ley 1788 de 2016 lo exige.
Este pago corresponde a la mitad de un salario mensual y debe entregarse antes del 30 de junio. Para calcularlo, se toma el total recibido por la trabajadora en el semestre (entre enero y junio), se promedia según los meses trabajados y luego se aplica una fórmula que tiene en cuenta los días trabajados en ese periodo. El resultado permite saber cuánto corresponde entregar por este concepto.
En el caso de quienes trabajan por días, también se puede hacer el cálculo mensual estimando el promedio semanal de trabajo y multiplicándolo por las semanas del mes. Así se puede obtener un valor proporcional y ajustado al tiempo trabajado.
Para Salua García Fakih, CEO de Symplifica, esta situación refleja una deuda histórica con un sector que sigue sin garantías laborales básicas. “La informalidad en el sector es un problema persistente que afecta directamente el bienestar de más de 500 mil mujeres trabajadoras”, afirmó. Según la directiva, el desconocimiento de la ley y la falta de herramientas para formalizar el empleo en los hogares son factores que siguen dejando a miles de mujeres sin acceso a sus derechos.
El no pago de esta prestación no solo afecta a las trabajadoras, también puede tener consecuencias serias para los empleadores. Las sanciones por incumplir esta obligación pueden ir desde multas que oscilan entre uno y hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta demandas laborales. En estos casos, los jueces pueden ordenar el pago de indemnizaciones moratorias equivalentes a un día de salario por cada día de retraso.
Por eso, es indispensable que los empleadores conozcan bien sus responsabilidades, realicen los cálculos de forma adecuada y anticipen el pago dentro del plazo establecido. Más allá del cumplimiento legal, entregar este ingreso representa un alivio importante para muchas familias que dependen de él para cubrir gastos básicos en el cierre de semestre.
Lea más: Lista Midas: los mejores inversionistas de capital de riesgo del mundo en 2025