La relación entre EE. UU. y Colombia se complica tras señalamientos de Petro y audios filtrados de Leyva que aluden a congresistas republicanos.
Una nueva disputa diplomática surgió entre Estados Unidos y Colombia este jueves 4 de julio, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ordenara el llamado a consultas del encargado de negocios interino en Bogotá, John T. McNamara. Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, la decisión responde a “declaraciones infundadas y reprensibles por parte de los más altos niveles del Gobierno colombiano”.
La medida, reiterada públicamente por Rubio a través de su cuenta de X, fue acompañada de un anuncio sobre futuras acciones que reflejarán “la profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral”. Washington reiteró que Colombia sigue siendo un “socio estratégico esencial” y que, a pesar de las diferencias políticas, están comprometidos con mantener la cooperación en temas como la seguridad y la estabilidad regional.
Desde la Embajada Colombiana en Estados Unidos, el embajador Daniel García-Peña calificó la situación como “una determinación soberana de ambos países”, pero pidió mesura. “Las opiniones especulativas o inflamatorias no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral ni al cuidado de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento compartido”, señaló.
Aunque el comunicado de EE. UU. no especifica a qué declaraciones se refiere, fuentes diplomáticas en Washington, coinciden en que el detonante fueron afirmaciones recientes del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido en varias ocasiones la existencia de un complot internacional en su contra, presuntamente promovido por figuras del Partido Republicano.
En abril, durante un evento público, el presidente mencionó a los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez como posibles actores de injerencia extranjera. Más recientemente, en un foro sobre paz y democracia en Cali, el presidente reiteró sus acusaciones y sugirió que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, estaría al tanto de los presuntos planes.
“Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”, afirmó Petro en ese evento, agregando que “una dirigente de la extrema derecha colombiana aliada con el narcotráfico” promovía la desestabilización del país con apoyo externo.
El Departamento de Estado habría solicitado una retractación pública sobre estas declaraciones, especialmente las que involucran a Rubio, con un plazo específico. La negativa del Gobierno colombiano habría motivado el llamado a consultas.
Horas después del anuncio del gobierno estadounidense, Gustavo Petro intentó suavizar sus declaraciones. Aseguró que no cree que Marco Rubio esté involucrado en un golpe de Estado en su contra, y explicó que las personas de extrema derecha que promovían esa idea no lograron llegar directamente al funcionario. También sugirió, en tono sarcástico, que un país que enfrenta conflictos simultáneos con Irán, Gaza, Ucrania y Rusia difícilmente dedicaría tiempo a intervenir en Colombia.
El conflicto ocurre en un contexto aún más complejo, tras la filtración de audios del excanciller Álvaro Leyva, divulgados por El País de España. En las grabaciones se escucha al exministro discutir una posible estrategia para promover la salida anticipada del presidente Petro, mencionando encuentros con congresistas estadounidenses y un eventual acercamiento con el secretario de Estado.
Leyva no ha desmentido el contenido de los audios, sí alegó que fueron obtenidos en una conversación privada. La Fiscalía colombiana ha iniciado una investigación para esclarecer el contexto y las posibles implicaciones legales.
En medio del escenario, gremios empresariales también han expresado preocupación. Desde la Cámara Colombo Americana, su presidenta ejecutiva, María Claudia Lacouture, hizo un llamado “a que la prudencia, la mesura y la diplomacia guíen las acciones del Gobierno de Colombia en el manejo de su relación con los Estados Unidos”. Subrayó que las diferencias deben tramitarse por los canales institucionales y no mediante declaraciones públicas que debiliten los vínculos bilaterales.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtió sobre los efectos que podría tener el deterioro de la relación. “Esta alianza representa el sustento de millones de familias colombianas que dependen del comercio bilateral, la inversión extranjera, el turismo y la cooperación institucional”, indicó la organización. Su presidente, Bruce Mac Master, insistió en que “si las relaciones se deterioran, los más afectados serán los colombianos”.
Ambas organizaciones coincidieron en que, con más de 200 años de vínculos diplomáticos, comerciales y sociales, la relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica y debe ser protegida con respeto y visión de largo plazo.
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