Recuperar la disciplina fiscal no es solo una tarea técnica, sino una decisión política. Requiere compromisos firmes con reglas claras, metas realistas y reformas estructurales que permitan reconstruir la confianza y devolver al país una senda fiscal sostenible.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025 confirma que Colombia atraviesa una situación crítica en materia de sostenibilidad fiscal. El creciente déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) se proyecta en 7,1% del PIB para 2025, mientras que la deuda pública neta alcanzará el 61,3% del PIB y seguirá aumentando hasta 2027, acercándose al límite legal del 71%. Ante este panorama, el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, suspendiéndola por tres años, con el argumento de evitar un ajuste que afectara al crecimiento económico. Sin embargo, lo hizo con dudas sobre cumplir plenamente los requisitos legales y presentó el plan de ajuste sobre supuestos optimistas.
En este contexto actual, cualquier estrategia de ajuste será el principal reto de la próxima administración y debe comenzar con supuestos realistas, fortalecer los ingresos públicos como porcentaje del PIB, revisar las rigideces del gasto y restaurar la institucionalidad fiscal.
El MFMP proyecta un crecimiento de 2,7% en 2025 y de hasta 3,3% en 2027, por encima del crecimiento del PIB potencial estimado en 3%. No obstante, organismos como el FMI y el Banco Mundial estiman un crecimiento más moderado (entre 2,4% y 2,9%). Además, el ingreso tributario proyectado para 2024 superó en 4,1 puntos del PIB al efectivamente observado, una desviación considerable frente a países con instituciones fiscales consolidadas.
Construir una senda fiscal sobre bases tan optimistas debilita la credibilidad de la planeación y puede afectar la percepción de riesgo país. Un marco fiscal serio requiere monitoreo externo, transparencia metodológica y supuestos consistentes con la realidad económica.
En términos de recaudo, el ingreso neto del GNC ha promediado 14,3% del PIB en la última década. En 2023 se alcanzó un máximo de 16,6%, producto de un adelanto extraordinario de impuestos, pero en 2024 el recaudo cayó de nuevo a 14,4%. Para 2025, se proyecta un incremento a 15,5% del PIB, nuevamente impulsado por adelantos.
La reforma tributaria anunciada para finales de 2025 busca generar $19 billones, es decir, 1% del PIB en nuevos ingresos. Sin embargo, alcanzar un recaudo de 17,7% del PIB en 2026 parece poco realista, considerando la complejidad política de aprobar una reforma en el último año de gobierno y el historial reciente del recaudo después de adelantar impuestos. La dependencia de medidas transitorias, como retenciones anticipadas compromete la estabilidad del sistema tributario y distorsiona la planeación de los agentes en la economía.
Si bien es cierto que el plan actual necesita de estrategias concretas e inmediatas para subsanar las cuentas del país, también es importante que la próxima administración corrija esta situación a través de una reforma estructural que elimine exenciones injustificadas, mejore la progresividad y fortalezca la capacidad recaudatoria. Sin ingresos permanentes y predecibles, es inviable cumplir con las obligaciones estatales en pensiones, salud, educación e inversión.
Del lado del gasto, el margen de maniobra también se ha reducido dramáticamente. Hoy, el 87,6% del gasto del GNC es inflexible, concentrado en servicio de la deuda, pensiones, transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) y nómina pública. El gasto flexible, por su parte, caerá a 9,5% del total en 2026, su nivel más bajo en al menos una década. Además, la baja ejecución presupuestal, que fue de solo 81,9% en 2024, ha generado rezagos acumulados por $63,4 billones, casi el doble que en 2023.
Aquí es importante detenernos, pues el panorama a futuro se complica aún más con la entrada en vigor de nuevas reformas. El primer año del sistema pensional de cuatro pilares costará al menos $6 billones, mientras que el rediseño del SGP aumentaría sus transferencias del 24% al 39,5% de los ingresos corrientes. Sin ajustes estructurales, estos compromisos podrían agravar el desbalance.
Finalmente, la activación de la cláusula de escape, en ausencia de una emergencia externa, fue el resultado de un deterioro progresivo no corregido a tiempo. La deuda neta alcanzará 63,8% del PIB en 2027, y el país pierde el anclaje automático entre metas fiscales y nivel de deuda. Esto pone en riesgo la continuidad de la Línea de Crédito Flexible del FMI, eleva el costo de la deuda soberana y deteriora la calificación crediticia del país.
Recuperar la disciplina fiscal no es solo una tarea técnica, sino una decisión política. Requiere compromisos firmes con reglas claras, metas realistas y reformas estructurales que permitan reconstruir la confianza y devolver al país una senda fiscal sostenible.
Por: Mauricio Salazar Sáenz
Director Observatorio Fiscal Pontificia Universidad Javeriana
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