Petro le dio una orden al ministro de Minas: “Le pido, ministro, que le quitemos el subsidio al etanol y al biodiésel, igual que le quitamos al diésel. No es consejo, es orden”. ¿Qué consecuencias traería esta decisión para Colombia?
En la clausura de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el martes 23 de julio de 2025 en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dio una instrucción sorpresiva y categórica al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma: “Le pido, ministro, que le quitemos el subsidio al etanol y al biodiésel, igual que le quitamos al diésel. No es consejo, es orden”.
Con esa frase, el presidente evidenció una visión limitada del tema, al desconocer que los biocombustibles en Colombia no reciben subsidios del Presupuesto General de la Nación y dejó ver una actitud distante frente a un sector que, por más de dos décadas, ha contribuido con resultados concretos a la transición energética y al desarrollo agroindustrial del país.
Parece que el mandatario no tuviera claro que los biocombustibles constituyen uno de los pilares más consolidados de la transición energética en Colombia, con 24 años de desarrollo continuo desde la expedición de la Ley 693 de 2001, que sentó las bases para el uso de etanol, y la Ley 939 de 2004, que replicó ese modelo para el biodiésel. Fue así como en 2005 comenzó a aplicarse la mezcla obligatoria de bioetanol con gasolina, inicialmente en una proporción del 10%, y en 2008 se extendió al biodiésel con ACPM, también alrededor del 10%, porcentajes que se han mantenido relativamente estables desde entonces.
En virtud de esta política, el país ha logrado integrar de forma efectiva objetivos ambientales, energéticos, agroindustriales y sociales, y ha sustituido cerca de 4.500 millones de galones de gasolina y diésel por combustibles limpios de origen agrícola, evitando más de 35 millones de toneladas de CO₂ equivalente desde 2005, según datos de la Federación Nacional de Biocombustibles.
Para dimensionar esa cifra, basta decir que equivale a retirar de circulación más de 4,8 millones de vehículos particulares en Colombia durante un año, en vista de que, según un estudio elaborado en 2022 por el Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la Universidad EAN, cada automóvil liviano a gasolina en el país emite en promedio 7,26 toneladas de CO₂ equivalente al año. Se trata, por tanto, de un aporte ambiental concreto, sostenido y medible, construido desde el territorio, con producción nacional y con impacto directo en la economía rural.
El presidente Petro, además, parece ignorar que los biocombustibles ocupan un lugar trascendental en la matriz energética mundial, pues tal como lo indica el informe Renewables 2024 de la Agencia Internacional de Energía, en 2023 representaron el 5,6 por ciento del consumo global de combustibles líquidos para transporte, y se proyecta que su participación alcance el 6,4 por ciento en 2030 y el 16 por ciento en 2050, lo que los hace esenciales para reducir emisiones en sectores donde la electrificación todavía no es factible o rentable, como la aviación, el transporte marítimo y el de carga pesada..
En Colombia, los biocombustibles cuentan con una trayectoria sólida y un marco normativo estable que no depende de recursos del Presupuesto General de la Nación. El respaldo que existe se basa en exenciones tributarias vigentes desde las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, que eliminan el IVA y el impuesto global para los biocombustibles de origen vegetal cuando se usan en mezclas obligatorias. Además, hay incentivos complementarios como la deducción parcial del impuesto de renta por inversiones en nuevos cultivos, la exclusión de IVA y aranceles para equipos vinculados a fuentes no convencionales de energía y la opción de aplicar depreciación acelerada sobre activos productivos.
Ninguno de estos instrumentos implica transferencias de recursos públicos ni representa una carga para el Estado, al ser herramientas fiscales diseñadas para equilibrar los mayores costos de producir energías limpias frente a los combustibles fósiles, y por eso requieren un tratamiento fiscal diferencial para poder competir. Las exenciones vigentes no son privilegios ni subsidios, sino mecanismos que corrigen esa desventaja estructural y permiten el avance de una alternativa energética más limpia sin recurrir a desembolsos del gobierno.
Estos mismos mecanismos, e incluso subsidios directos significativos, han sido utilizados durante décadas por países como Brasil y Estados Unidos, los mayores productores de biocombustibles del mundo, que han destinado recursos públicos para impulsar el crecimiento del sector, estabilizar precios e incentivar la inversión. Colombia, en cambio, ha implementado este modelo sin desembolsos fiscales, con reglas estables y resultados comprobables en sustitución energética, reducción de emisiones y generación de valor para la agroindustria.
Una de las señales más preocupantes del gobierno es su idea de que los biocombustibles compiten con los cultivos alimentarios o presionan el uso del suelo, una afirmación que no se sostiene frente a los hechos, dado que, el país cuenta con 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero solo 5,3 millones están cultivadas, lo que deja más de 17 millones disponibles para usos agroindustriales sin afectar la seguridad alimentaria, como lo muestra la UPRA con datos actualizados a 2023.
Los cultivos destinados a biocombustibles ocupan apenas una fracción del área agrícola dado que la palma de aceite cubre unas 670.000 hectáreas y la caña de azúcar cerca de 230.000, concentradas principalmente en el Valle del Cauca, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura.
En regiones como la altillanura ya se han establecido proyectos que demuestran la viabilidad de producir etanol a gran escala sin competir con cultivos alimentarios ni desplazar otras actividades.
Mas que causar desequilibrios, el avance del sector ha permitido usar de forma productiva tierras de baja productividad, generar empleo formal e impulsar inclusión rural con estabilidad económica y ambiental.
En términos de impacto social, el sector de biocombustibles generó en 2023 aproximadamente 90.000 empleos directos y 470.000 empleos indirectos, según datos de la Federación Nacional de Biocombustibles. Esa fuerza laboral ha fortalecido cadenas productivas en el campo, promovido la inclusión de pequeños productores y dinamizado regiones con escasas alternativas económicas. Empresas como Bioenergy, Riopaila‑Castilla, Manuelita, Ecodiesel y Oleoflores han impulsado clústeres agroindustriales que combinan tecnología, sostenibilidad y empleo rural formal.
No tiene sentido querer eliminar beneficios a los biocombustibles con el argumento de subsidios que no existen o con la excusa de proteger tierras que ni siquiera están cultivadas.
Colombia ha desarrollado el sector de los biocombustibles sin subsidios, con resultados claros en reducción de emisiones, generación de empleo e inclusión productiva. Lo adecuado es fortalecerlo, aprovechando su potencial en biodiésel, etanol y en nuevas cadenas como el SAF (combustible sostenible de aviación), donde ya existen capacidades agrícolas e industriales para producir biocombustibles avanzados.
Potenciar esta transformación aporta de forma directa al cumplimiento del compromiso nacional de reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. No hacerlo significaría un retroceso profundo en esa meta climática y en la transición energética que el país necesita consolidar.
Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
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