Según el gremio, la propuesta de decreto del Gobierno afecta la confianza inversionista y limita las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico.
El Gobierno tiene listo un decreto con el cual busca reprogramar vigencias futuras, instrumento financiero que se utiliza para apalancar proyectos de infraestructura, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), advirtió que se trata de un proyecto ilegal, que genera serias dudas acerca de su constitucionalidad, por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas.
“El borrador de decreto contraría abiertamente el control de advertencia recientemente expedido por el señor contralor general de la República, en el sentido de que las vigencias futuras -pactadas en los contratos de concesión- no pueden modificarse unilateralmente”. dijo Caicedo.
Según el directivo, la propuesta de decreto pone en serio riesgo la viabilidad financiera de todos los proyectos (iniciativas públicas de los programas 4G y 5G) y los recursos de ahorradores que están apalancando la ejecución de decenas de obras, su operación y mantenimiento a lo largo y ancho del país.
Caicedo dijo que cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia -que debe primar en una relación contractual- y limita por ende las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico.
“El proyecto de decreto, en la práctica, generaría un incumplimiento de los contratos por parte del Estado, lo cual causaría perjuicios y detrimento patrimonial”, agregó y puntualizó que modificaciones en las reglas de juego, como lo plantea el proyecto de decreto, generan barreras de entrada para la inversión e inseguridad jurídica.