La industria arrocera, que emplea a más de 8.000 personas en zonas rurales y absorbe la cosecha nacional, dijo se necesitan políticas que promuevan la absorción del grano, no restricciones artificiales al mercado.
La reciente decisión del Gobierno colombiano de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada continúa generando preocupación en la industria arrocera nacional.
La Cámara Induarroz de la ANDI, Induarroz, que agrupa a buena parte del sector industrial del cereal, advirtió que esta medida, tomada en el contexto del paro arrocero, ignora los factores estructurales del mercado y podría agravar los problemas de fondo.
El detonante de la actual coyuntura es la histórica sobreoferta del grano: en 2024 se sembraron 631.000 hectáreas de arroz, el máximo registrado en el país.
Esta expansión productiva se mantuvo en 2025, especialmente en Casanare, lo que llevó a inventarios 92% superiores a los del año anterior. Esta acumulación ocurre en un contexto global de caída de precios del arroz, que han disminuido en un 30% en el último año.
Frente a este panorama, la imposición de precios mínimos más altos que los del mercado —hasta 17% superiores, según Fedearroz— podría incrementar los precios al consumidor, estimular aún más la siembra, incentivar la informalidad y reducir la competitividad frente a las importaciones.
Así lo señala también la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que advierte que esta medida solo sería justificable si se considera transitoria, y que podría distorsionar el mercado en lugar de corregirlo.
La industria arrocera, que emplea formalmente a más de 8.000 personas en zonas rurales y absorbe la totalidad de la cosecha nacional, insiste en que lo que se necesita son políticas que promuevan la absorción del grano, no restricciones artificiales al mercado.
Induarroz reiteró su compromiso con una solución estructural basada en el Plan de Ordenamiento Productivo y en una agenda de competitividad que prepare al sector para los retos del comercio internacional.