El presupuesto será de $557 billones. Fedesarrollo, el gerente del Emisor y la Universidad Javeriana advierten sobre ingresos sobrestimados, mayores transferencias a regiones y riesgos crecientes de endeudamiento.

El Gobierno radicó el pasado 30 de julio en el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que asciende a $557 billones, cuya discusión acaba de comenzar en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, que tratan los temas económicos.

El proyecto ha encendido las alarmas de analistas, el mercado y el Banco de la República. Los $557 billones equivalen al 28,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que lo convierte en el segundo presupuesto más alto de la historia reciente, solo superado por el de 2024, que llegó al 29,5 %, y está supeditado a la aprobación de una Ley de Financiamiento de $26,3 billones (1,4 % del PIB) y a supuestos optimistas de recaudo sin dicha tributaria.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que el monto implica un crecimiento del 9 % frente al presupuesto aprobado para 2025 ($511 billones). Esto significa que el gasto del Estado crecerá más del doble de lo que se espera que suban los precios en 2026 (3,9 %). 

Según Mejía, esta diferencia refleja la urgencia de discutir un presupuesto más austero, pues en los últimos años el país ha enfrentado un problema recurrente: los ingresos del Gobierno no alcanzan para cubrir todos sus compromisos, lo que genera presiones de liquidez.

En la misma línea, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que las finanzas públicas presentan un “desajuste estructural”. Esto ocurre porque una parte importante del gasto del Estado es inflexible y porque, además, los ingresos suelen sobreestimarse, especialmente aquellos que dependen de la gestión de la DIAN. Villar advirtió que no hacer los ajustes necesarios a tiempo podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.

Otro aspecto crítico es el Acto Legislativo aprobado en 2024, que incrementa las transferencias de recursos a los departamentos y municipios. Desde 2027, estas transferencias deberán llegar al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. 

Según Villar, este aumento limita los esfuerzos del Gobierno central, pues cada mejora en el recaudo se traduce automáticamente en más dinero para el Sistema General de Participaciones. Por ello, sugirió avanzar en una Ley de Competencias que ajuste las funciones de los entes territoriales en proporción a los recursos que reciben.

Finalmente, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió que el PGN 2026 no envía las señales de disciplina fiscal que el país necesita, tal como prometió el Gobierno al activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal, y que el gasto proyectado es $18,2 billones mayor al previsto, la meta de recaudo por reforma tributaria aumenta en $6,7 billones y el pago de intereses se reduce en $10 billones sin sustento claro.

Destacó que el manejo fiscal actual ha implicado que suban los intereses y la prima de riesgo del país. En concreto, esta prima crece desde 2021 y hoy supera a la de economías comparables como México, Chile y Costa Rica, encareciendo el financiamiento público.

Cómo se distribuye el PGN de 2026

El presupuesto vigente ($536,9 billones) se ajustó por inflación (4,5 %), por el aplazamiento de gastos de $12 billones y por $2,8 billones adicionales de la conmoción interior y otras fuentes. 

El incremento del PGN en 2026 se concentra en funcionamiento (+$29,7 billones; 8,8 %) y, en menor medida, en inversión (+$5,7 billones; 6,9 %), mientras que el servicio de la deuda cae $15,3 billones (-13 %). Los mayores aumentos serían para Salud (+$8,2 billones), Educación (+$6,7), Trabajo (+$5), Defensa (+$4,4) e Inclusión Social (+$3,9). Los principales recortes afectarían a Vivienda (-$1,5 billones), Agricultura (-$1,4), TIC (-$0,8), Igualdad (-$0,7) e Información Estadística (-$0,4).

También le puede interesar: Presupuesto de 2026 de $556,9 billones está condicionado a tributaria de $26,3 billones, un monto jamás aprobado