Se trata de un monto sin precedentes para una reforma tributaria, especialmente teniendo en cuenta que al Gobierno solo le resta un año y que el Congreso ya le negó la aprobación de la última Ley de Financiamiento en 2024, por un monto de $12 billones.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, radicó este lunes en la Secretaría de la Cámara la nueva reforma tributaria de 95 artículos con la que el gobierno busca recaudar $26,3 billones.

“Esta Ley tiene por objeto dictar una serie de normas cuya implementación conjunta permitan la financiación del Presupuesto General de la Nación, PGN, con medidas que contribuyan a reducir el gasto tributario, equilibrar las finanzas públicas con énfasis en materias ambientales y de salud pública, y establecer mejoras en el proceso de fiscalización y operatividad del Sistema Tributario”, se lee en el documento de 53 páginas. 

Se trata de un monto sin precedentes para una reforma tributaria, teniendo en cuenta que al Gobierno solo le resta un año y que el Congreso ya le negó la aprobación de la última Ley de Financiamiento en 2024, por un monto de $12 billones.

De las reformas tributarias aprobadas por los últimos tres gobiernos, las más de mayor recaudo fueron la de 2021 (Ley 2155, sacada adelante por el entonces ministro, José Manuel Restrepo) con $15,2 billones y 2022 (Ley 2277 con José Antonio Ocampo como ministro) por $19,7 billones, en la actual administración.

Ávila Plazas dijo que el gobierno espera que la tributaria se discuta paralelamente con el proyecto del PGN y que esperan que haya un debate serio y responsable en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, políticos y gremiales del país.

“Garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad y por eso hemos dicho que lo que estamos construyendo es un gran pacto fiscal con el cual no solo atendemos las necesidades de financiamiento para 2026 sino que estamos garantizando la estabilidad del próximo gobierno”, señaló.

El funcionario dijo que el Presupuesto refleja una “estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país”.

El Gobierno radicó el pasado 30 de julio en el Congreso el proyecto de PGN para 2026, que asciende a $557 billones, cuya discusión comenzó en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, que tratan los temas económicos.

El proyecto ha encendido las alarmas de analistas, el mercado y el Banco de la República. Los $557 billones equivalen al 28,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que lo convierte en el segundo presupuesto más alto de la historia reciente, solo superado por el de 2024, que llegó al 29,5 %, y está supeditado a la aprobación de una Ley de Financiamiento de $26,3 billones (1,4 % del PIB) y a supuestos optimistas de recaudo sin dicha tributaria.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que el monto implica un crecimiento del 9 % frente al presupuesto aprobado para 2025 ($511 billones). Esto significa que el gasto del Estado crecerá más del doble de lo que se espera que suban los precios en 2026 (3,9 %).

Petróleo y carbón, juegos de azar y vehículos híbridos serían algunos de los más afectados por la reforma.  De ser aprobada, la gasolina y el ACPM tendrán IVA del 10% en 2026-2027 y luego la tarifa general. Los licores, vinos y aperitivos pasan a estar gravados con la tarifa general de IVA, con 5 puntos cedidos a departamentos para salud.

En cuanto al impuesto de renta para personas naturales y las empresas, el proyecto contempla nuevas tarifas marginales hasta 41%; un impuesto del 50% para las entidades financieras y las aseguradoras, mientras que las compañías del sector de petróleo y carbón pagarían un gravamen adicional hasta del 15%. 

Efraín Cepeda, expresidente del Senado, señaló en su cuenta de la red social X: “Se presentó la ley de financiamiento, una reforma tributaria disfrazada. No permitiremos más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos. El IVA, regresivo, golpea a los más vulnerables”.

Agregó que pareciera que el gobierno busca frenar el crecimiento empresarial y debilitar el patrimonio ciudadano. “Algunos voceros de izquierda sugieren que mantener a las personas en la pobreza asegura votos para su proyecto político. Esta miopía tributaria refleja un sesgo ideológico claro. Los colombianos y las empresas golpeadas tendrán en nosotros un vocero firme votando en favor de los colombianos y contra este gobierno ineficiente que pretende recaudar más sin capacidad de ejecutar nada”.

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