Mientras el Gobierno propone una reforma tributaria histórica, los gremios encienden las alarmas: ¿es sostenible el gasto público proyectado? ¿quién pagará el costo de una expansión fiscal sin precedentes?

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, radicó este lunes en la Secretaría de la Cámara el proyecto de Ley de Financiamiento que busca cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación, estimado en $557 billones. La reforma incluye ajustes al IVA, impuestos al patrimonio, tabaco, licor y carbono, con énfasis en la progresividad tributaria y la sostenibilidad fiscal.

Aunque el Gobierno ha insistido en que la reforma no afectará a los sectores más vulnerables, gremios empresariales señalan que el verdadero problema está en el crecimiento del gasto público. Declaraciones de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, y Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, revelan una preocupación compartida: el proyecto no solo amplía el gasto público, sino que lo hace a costa de una carga tributaria que afectaría a todos los sectores productivos.

Desde su cuenta oficial de X, Mac Master cuestionó el alcance de los nuevos impuestos propuestos.

“IVA a los combustibles (significa impuestos al transporte público, a alimentos, a la canasta familiar).
MÁS impuestos para empleados. ¿TODO ESTO PARA PAGAR EL DESMEDIDO Y AMBICIOSO GASTO BUROCRÁTICO Y POLITIZADO DEL GOBIERNO?”

Además, en un comunicado oficial emitido el 2 de septiembre, la ANDI calificó la reforma como “probablemente la más agresiva con los hogares colombianos en toda la historia”. El documento advierte que gravar los combustibles equivale a encarecer el transporte escolar, laboral y logístico, afectando directamente la canasta familiar y la competitividad exportadora. Señala que la sobretasa del 15% al sector financiero (que elevaría el impuesto de renta al 50%) se traduciría en mayores costos de crédito para hogares y empresas, contradiciendo los discursos oficiales sobre inclusión financiera.

Mac Master también alertó sobre el impacto en sectores estratégicos como el turismo, el comercio formal y la energía. “Durante los últimos cuatro años hemos tenido un incremento nominal acumulado de 57% en el Presupuesto General de la Nación”, afirmó, cuestionando la falta de revisión técnica del gasto y la dependencia creciente de gas importado, con tarifas que podrían triplicarse.

Cabal, por su parte, denunció que el proyecto es una reforma tributaria encubierta que “mete la mano a todos los colombianos”, especialmente al comercio formal. Entre los puntos más polémicos señaló:

  • IVA a vehículos híbridos y eléctricos, “un retroceso ambiental”.
  • Impuestos a cerveza, licores y cigarrillos, “incentivo al contrabando”.
  • Gravamen a espectáculos, parqueaderos, gasolina, ACPM, juegos, apuestas y criptomonedas.
  • Sobrerregulación a fintech y cripto, “freno a la innovación”.

“Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, es una bomba de tiempo para el bolsillo de todos y para la economía nacional”, concluyó Cabal, quien pidió al Congreso archivar la iniciativa.

¿Reforma o retroceso?

Ambos gremios coinciden en que el proyecto prioriza el ingreso sobre la sostenibilidad del gasto. La discusión gremial se centra en la necesidad de revisar el aparato estatal, garantizar eficiencia en la inversión pública y proteger sectores estratégicos como el comercio, la cultura y la movilidad. La decisión está en manos del Congreso, que deberá equilibrar las demandas sociales con la responsabilidad económica.