Según el Observatorio Fiscal, el proyecto incorpora medidas de “normalización tributaria” que premian a los incumplidos y generan incentivos perversos para evadir a futuro.
De acuerdo con un primer análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se trata de la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos años, tanto por el monto del recaudo proyectado como por el alcance de los cambios. El paquete se sustenta en un abanico de modificaciones que van desde mayores impuestos al consumo hasta un endurecimiento en la tributación de personas naturales, patrimonios y empresas del sector financiero.
Uno de los frentes más llamativos es el de los gravámenes al alcohol y al tabaco. El Gobierno espera recaudar más de $6 billones por esta vía, una cifra que el Observatorio considera optimista, pues parte de la premisa de que el consumo legal no se verá afectado. La experiencia muestra, sin embargo, que medidas de este tipo tienden a incentivar el contrabando y erosionar la base fiscal.
En materia de IVA, la apuesta es de $5 billones, comparable con lo que generan los juegos de azar en línea. El plan incluye un cambio en el IVA a los combustibles, lo que podría encarecer el transporte y, con ello, presionar la inflación.
Los contribuyentes personas naturales también sentirán el impacto. El proyecto plantea la eliminación de la deducción por dependientes y del descuento en dividendos, además de un aumento en las tarifas marginales progresivas, que llegarían hasta 41% para las rentas más altas. Estas medidas empezarían a generar un recaudo significativo a partir de 2027, estimado en 2,8 billones de pesos.
En cuanto a las empresas, el sector financiero será el más afectado: la sobretasa a la renta pasaría del 5% al 15%, para una tarifa total del 50%. Asimismo, el impuesto al patrimonio tendría un ajuste radical: la base gravable bajaría de 72.000 a 40.000 UVT, y las tarifas progresivas alcanzarían hasta el 5% para patrimonios superiores a 2 millones de UVT. Con ello, el Gobierno busca más que duplicar el recaudo actual.
Finalmente, el proyecto incorpora medidas de “normalización tributaria” que facilitan a los deudores ponerse al día con tarifas reducidas y rebajas de sanciones. Según el Observatorio, estas disposiciones envían un mensaje equivocado, pues premian a los incumplidos y generan incentivos perversos para evadir a futuro.
En suma, de acuerdo con los expertos de la Javeriana, la iniciativa representa un esfuerzo sin precedentes para aumentar los ingresos del Estado, pero enfrenta interrogantes sobre su viabilidad económica y política.