La Procuraduría había advertido sobre inconsistencias en la licitación para reemplazar el acuerdo marco que finalizó, mientrar que 195 entidades estatales buscan alternativas para su infraestructura digital.
Colombia se ha adentrado en un momento de incertidumbre tecnológica después de que el 1 de septiembre expirara el acuerdo marco que habilitaba la compra de servicios de nube pública a gigantes como Oracle, Amazon Web Services, Google y Microsoft.
El fin del esquema, que había sido prorrogado tres veces, deja a más de 195 entidades estatales, incluyendo sectores críticos como justicia, salud, defensa e ICBF, en riesgo de ver comprometida la continuidad de sus servicios digitales.
La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, aseguró que ahora las entidades tienen autonomía para adelantar procesos de contratación directa, licitaciones u otros mecanismos contemplados en la ley.
“De las 200 entidades que han hecho uso del Acuerdo Marco referido, solo el 60% cuenta con órdenes de compra vigentes y el restante 40% actualmente no tiene órdenes activas en la plataforma”, dijo la entidad en un pronunciamiento.
Aun así, el limbo regulatorio genera preocupación. La Procuraduría había advertido en junio que la licitación diseñada para reemplazar el acuerdo presentaba inconsistencias en la fijación de precios, idoneidad de los proponentes y riesgos estructurales para la seguridad de la información. El órgano de control también señaló que podrían incumplirse requisitos técnicos claves para la gestión de datos sensibles, lo que llevó a suspender el proceso mientras se ajusta el modelo.
El Gobierno buscaba que empresas colombianas participaran en el nuevo marco, un cambio que provocó protestas de la Embajada de Estados Unidos, dijeron fuentes relacionadas con el asunto. A la par, la Directiva Presidencial 06, expedida el 13 de agosto, abrió la puerta a que Internexa, una sociedad de economía mixta con mayoría estatal, se consolide como proveedor estratégico de servicios digitales bajo la figura de “laboratorio de innovación pública”.
Esa movida ha generado cuestionamientos en el sector privado, que teme que se concentre la contratación en un único operador y se reduzca la competencia en un mercado donde cuatro firmas estadounidenses han estado ofreciendo la infraestructura.
La nube pública es la infraestructura que sostiene gran parte de los trámites digitales del Estado, desde la administración de expedientes judiciales hasta las plataformas de bienestar social.
Por ahora, Colombia Compra Eficiente promete acompañamiento técnico a las entidades durante la transición y asegura que no habrá afectación en las órdenes de compra vigentes. Sin embargo, con el reloj corriendo y los cuestionamientos en aumento, el desenlace del nuevo modelo de contratación será determinante para el futuro digital del Estado colombiano.
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