El presidente Petro puso en marcha un cambio en la forma de fijar los precios del etanol y el biodiésel, cuyos efectos probablemente llevarán en el corto plazo a la desaparición de la industria nacional de los biocombustibles. ¿Por qué?
En abierta contradicción con su propio discurso, el presidente que ha hecho de la transición energética y la reindustrialización un emblema político de su gobierno acaba de poner en marcha un cambio en la forma de fijar los precios del etanol y el biodiésel, cuyos efectos probablemente llevarán en el corto plazo a la desaparición de la industria nacional de los biocombustibles.
De concretarse, se desmantelaría la base productiva más sólida que el país ha construido en veinticuatro años en materia de energía limpia y desarrollo industrial, pues el sector de los biocombustibles es, de lejos, el más avanzado y consolidado dentro de la transición energética nacional.
Este sector es actualmente una realidad industrial afianzada que produce etanol y biodiésel a escala comercial, bajo normas internacionales y un marco regulatorio que ha garantizado estabilidad y previsibilidad. Su cadena integra agricultura, industria y distribución, y aporta entre el 8% y 10 % de los combustibles del transporte terrestre que se consumen en el país mediante las mezclas con gasolina y diésel.
Ese componente renovable permite reducir alrededor del 8 % de las emisiones totales de CO₂ del transporte terrestre, de acuerdo con estudios de ciclo de vida que muestran que el etanol de caña y el biodiésel de palma generan entre 74 % y 83 % menos emisiones que los combustibles fósiles.
Pero lamentablemente, el 1 de octubre de 2025 el Gobierno publicó dos proyectos de resolución que cambian negativamente la forma en que se calcula el ingreso de los productores de biocombustibles en Colombia. Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en paridad de importación.
Hasta ahora, el ingreso al productor se estimaba reconociendo los costos reales de producción en el país. Para el etanol, la fórmula partía del precio internacional del azúcar —referencia de la caña— y sumaba los costos locales de transformación y transporte.
Para el biodiésel, el cálculo se apoyaba en el precio global del aceite de palma y una canasta de sustitutos, complementada con los costos locales de metanol, catalizadores y mezcla. Ese sistema aseguraba que el valor reconocido al productor colombiano guardara relación con su realidad productiva y, al mismo tiempo, con las tendencias internacionales.
El cambio planteado elimina esa estructura y establece que el ingreso al productor dependa plenamente del precio del producto final en los mercados internacionales, donde el etanol anhidro de maíz se cotiza en Houston (Platts AATGJ00) y el biodiésel FAME 0 RED en Róterdam (Platts AAWGI00), con ajustes por fletes, aranceles y tasa de cambio. En la práctica, Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales.
El problema es que los mercados que sirven de referencia son muy distintos al colombiano. Si bien hoy operan bajo esquemas de mercado libre, donde el precio se forma por la interacción entre oferta y demanda, esas mismas fuerzas incorporan la influencia implícita y explícita de los subsidios, mandatos y apoyos fiscales que sostienen la competitividad de sus productores.
En Estados Unidos, el etanol se produce principalmente a partir de maíz y opera dentro de un entramado de políticas públicas que garantizan estabilidad y rentabilidad al productor. El Renewable Fuel Standard (RFS) fija volúmenes obligatorios de mezcla y sustenta un mercado de créditos RIN, que son instrumentos transables que otorgan un valor adicional a cada galón de etanol por su contribución a la reducción de emisiones.
En ese mismo sentido, a partir del 1 de enero de 2025, entró en vigor el Crédito Fiscal a la Producción Limpia (Clean Fuel Production Credit, sección 45Z del Inflation Reduction Act), que otorga beneficios fiscales según la intensidad de carbono del combustible producido en territorio estadounidense. Este incentivo reemplazó al histórico Blender’s Tax Credit, que reconocía un dólar por galón de biodiésel o diésel renovable hasta diciembre de 2024.
Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) también respalda la cadena de biocombustibles con programas como el Higher Blends Infrastructure Incentive Program (HBIIP), que cofinancia la instalación de tanques, bombas y dispensadores para mezclas E15 y E85 en estaciones de servicio. Gracias a estos incentivos, el apoyo no se limita a la producción, sino que también abarca la distribución y el consumo, lo que permite conformar un sistema integrado sostenido por mandatos, beneficios fiscales e infraestructura financiada parcialmente con recursos públicos.
A nivel logístico, la Energy Information Administration (EIA) señala que el etanol estadounidense no se transporta por oleoductos debido a su capacidad de absorber agua, sino que se moviliza principalmente por tren, barcaza y camión a través de una red ferroviaria eficiente que permite trasladar la mayor parte del producto a muy bajo costo.
El proceso industrial también se beneficia de un gas natural entre tres y cuatro veces más barato que en Colombia, lo que reduce los costos energéticos de fermentación y destilación.
En conjunto, estos instrumentos conforman un entorno donde el precio de referencia del etanol en Houston no responde únicamente al costo de producción, sino también al efecto combinado de subsidios, créditos negociables, incentivos fiscales y economías de escala que Colombia no tiene.
En la Unión Europea, el precio de referencia del FAME 0 RED (Róterdam) se forma dentro del marco de la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias para el uso de energías renovables en el transporte y obliga a los Estados miembros a cumplirlas. Este sistema se refuerza con reducciones o exenciones de impuestos especiales aprobadas por la Comisión Europea como ayudas de Estado y con cuotas nacionales de reducción de gases de efecto invernadero que otorgan créditos comerciables a los combustibles con menor huella de carbono.
A ello se suma una infraestructura portuaria y de almacenamiento altamente integrada, costos logísticos más bajos y tarifas energéticas industriales reducidas, resultado de políticas activas de apoyo a la competitividad y a la eficiencia energética. En consecuencia, estos factores configuran un entorno donde el precio de referencia del FAME 0 en Róterdam refleja no solo las fuerzas del mercado, sino también el efecto estructural de subsidios, exenciones y mecanismos regulatorios que estabilizan la rentabilidad del sector y reducen la exposición de sus productores a la volatilidad internacional.
En Colombia la situación es muy diferente, dado que el etanol se produce a partir de caña y el biodiésel de palma, sin subsidios energéticos ni fiscales, sin créditos por reducción de carbono y con costos logísticos significativamente más altos. Los productores pagan tarifas plenas de electricidad y gas, asumen el transporte terrestre en una red vial limitada y no cuentan con ningún mecanismo compensatorio frente a la volatilidad internacional.
Por eso, las referencias de Houston y Róterdam no pueden considerarse equivalentes, ya que, en ambos casos, los precios se forman en mercados respaldados por subsidios, incentivos y mandatos públicos que reducen artificialmente los costos de producción y estabilizan la rentabilidad del sector.
Esas intervenciones hacen que el valor de referencia incorpore ayudas que no existen en Colombia y, por tanto, no refleje condiciones de competencia reales. Indexar el ingreso del productor colombiano a esos precios sería trasladar valores formados bajo protección estatal a un mercado que carece de esos instrumentos, generando una competencia asimétrica donde es fácil inferir las consecuencias devastadoras para la industria colombiana.
Los mismos documentos de sustento que usa el Ministerio de Minas y Energía reconocen que la nueva metodología reduciría en 14,5 % el ingreso al productor de etanol y en 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar la rentabilidad mínima de las plantas que permite su continuidad ni el impacto sobre el empleo y la inversión y por ende la sostenibilidad empresarial del negocio del biocombustible en Colombia.
El cambio que quiere el Gobierno desconoce los principios elementales del desarrollo industrial, los cuales indican que ningún país abre una industria energética al mercado global sin haber consolidado su competitividad interna.
En ese sentido, el caso de Brasil constituye un buen ejemplo, puesto que ese país construyó su competitividad en biocombustibles bajo un modelo de protección sostenida. Desde 1975, con el Programa Nacional do Álcool (Proálcool), el Estado impulsó la producción de etanol mediante precios regulados, créditos preferenciales del Banco do Brasil, subsidios a la infraestructura industrial y compra garantizada por Petrobras. Durante más de tres décadas mantuvo mandatos obligatorios de mezcla, exenciones tributarias y apoyo tecnológico a la expansión de los campos de caña y destilerías. Solo cuando el sector alcanzó escala, eficiencia y autonomía con el auge de los vehículos flex fuel en los años 2000, Brasil liberó gradualmente los precios.
En síntesis, Brasil protegió su industria del etanol durante más de treinta años hasta consolidarla como líder mundial, mientras Colombia se dispone a exponer la suya sin haber alcanzado ese nivel de madurez.
La búsqueda de eficiencia en los precios puede ser legítima, pero en energía pesan más la seguridad, la soberanía y la capacidad de sostener la transición verde. Es válido revisar las fórmulas, actualizar sus componentes y adaptarlas a nuevas realidades de mercado, pero no lo es desmontar el mecanismo que garantiza precios justos y estabilidad para la industria del país. Resulta además incoherente que el Gobierno pretenda reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles castigando a los biocombustibles, mientras mantiene intactos los subsidios al diésel fósil, el combustible más contaminante del sistema. Lo que el Gobierno presenta como una actualización técnica es, en realidad, un retroceso estratégico que destruye la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio, genera empleo rural y reduce emisiones de forma comprobada. Resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. Ningún país que entienda el valor de su futuro energético expone a su industria más avanzada a una competencia desigual. Colombia no está modernizando su política de biocombustibles, está renunciando a ella.
Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
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