La Corte Suprema inicia este lunes su mandato 2025-2026 con una agenda clave sobre atletas transgénero, terapia de conversión, aranceles y políticas de Trump
El nuevo mandato 2025-2026 de la Corte Suprema arranca este lunes con una agenda intensa: el tribunal abordará casos de gran repercusión sobre atletas transgénero, terapia de conversión LGBTQ, aranceles y numerosas políticas clave de la administración Trump.
Datos clave
El mandato de la Corte Suprema comienza el lunes y se extenderá hasta finales de junio de 2026.
- Aranceles de Trump: El tribunal escuchará los argumentos orales el 5 de noviembre en varias demandas que impugnan los aranceles del “Día de la Liberación” del expresidente Donald Trump, bajo el argumento de que el mandatario no tiene autoridad para imponer medidas tan amplias según la ley federal. Dos tribunales inferiores ya fallaron a favor de los demandantes y consideraron ilegales los aranceles, aunque siguen vigentes por ahora.
- Destitución de miembros de juntas federales: La Corte Suprema decidirá en este mandato si revoca un precedente histórico que ha protegido a los presidentes de destituir libremente a miembros de organismos federales independientes, una práctica habitual en la gestión de Trump. El caso surge de una disputa por el despido de un comisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
- En un caso separado, el tribunal también analizará si Trump puede destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, luego de que los jueces le permitieran conservar su cargo mientras avanza el proceso y sugirieran que existe un umbral más alto para que el presidente interfiera en la estructura de la Fed.
- Terapia de conversión: Entre los primeros casos del mandato está Chiles v. Salazar, que cuestiona la prohibición de terapia de conversión LGBTQ para menores en Colorado. El caso pide al tribunal definir si las leyes que “censuran ciertas conversaciones entre consejeros y sus clientes en función de los puntos de vista expresados” son constitucionales, lo que podría legalizar la terapia de conversión a nivel nacional.
- Atletas transgénero: Los jueces evaluarán varios casos relacionados con la legalidad de las prohibiciones estatales a la participación de mujeres trans en el deporte, ante demandas que alegan que estas leyes violan la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda.
- Financiación de campañas: La Corte podría emitir un fallo clave en materia de financiación política, al pronunciarse sobre un caso que cuestiona las restricciones al gasto conjunto entre partidos políticos y candidatos. La disputa fue presentada originalmente por el ahora vicepresidente J.D. Vance durante su etapa en el Senado.
- Control de armas: Los jueces anunciaron la semana pasada que revisarán una ley de control de armas en Hawái, que prohíbe portar armas cortas en propiedad privada sin el consentimiento del propietario, un caso que podría derivar en un fallo significativo sobre los derechos de portación de armas, tras decisiones previas del tribunal que han limitado las regulaciones al respecto.
¿Qué otros casos importantes podría abordar la Corte Suprema?
Además de los casos que ya tienen fecha para audiencias orales, los jueces han sido invitados a pronunciarse sobre varias disputas de alto perfil. Entre ellas, una solicitud para que la Corte revoque su fallo que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, presentada por Kim Davis, la exfuncionaria que se hizo famosa en 2015 por negarse a otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Las presentaciones en ese caso aún están en curso, por lo que una decisión sobre si el tribunal lo aceptará o no probablemente llegue a finales de octubre como mínimo.
El tribunal también podría abordar otras disputas relacionadas con políticas de la administración Trump, más allá de los aranceles y las destituciones de funcionarios. Entre ellas está el intento del expresidente por eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, ya que su administración pidió nuevamente a la Corte Suprema que estudie el tema tras un fallo en junio. En esa decisión, el tribunal determinó que los tribunales inferiores no pueden emitir bloqueos generales a nivel nacional contra las políticas de Trump, pero ahora el expresidente busca que la Corte evalúe directamente la constitucionalidad de su orden sobre la ciudadanía por nacimiento, después de que varios jueces inferiores la consideraran inconstitucional.
La condena de Ghislaine Maxwell se mantiene
Un caso que el tribunal no revisará este mandato es el de Ghislaine Maxwell, asociada de Jeffrey Epstein. La Corte anunció este lunes que rechazó su solicitud de apelación a la condena por trata sexual, en la que Maxwell argumentaba que el acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein en 2007 impedía al gobierno presentar cargos en su contra. Con esta decisión, se mantiene su condena y la sentencia de 20 años de prisión.
Lo que aún no sabemos
Todavía no está claro sobre qué otras políticas de la administración Trump podría pronunciarse la Corte Suprema, aunque podrían ser muchas. Existen cientos de casos pendientes en tribunales inferiores relacionados con medidas impulsadas por Trump, y aún está por verse cuáles llegarán finalmente al máximo tribunal y serán programados para audiencias orales.
Además, se espera que la Corte continúe emitiendo resoluciones rápidas en torno a políticas de Trump a través de su “docket en la sombra”, mecanismo mediante el cual los jueces dictan decisiones sin celebrar audiencias orales completas. Estas resoluciones suelen ser fallos provisionales, que determinan si se deben bloquear o mantener en vigor ciertas políticas mientras los litigios siguen su curso en instancias inferiores. Eso significa que muchos de estos casos podrían regresar más adelante a la Corte para una revisión completa.
Actualmente, el “shadow docket” ya incluye casos relevantes, como disputas sobre los pasaportes de personas transgénero, las deportaciones de inmigrantes y cuestiones vinculadas a la tienda Google Play.
Cifra clave
42%. Es el porcentaje de estadounidenses que confía en la Corte Suprema, según una encuesta de Gallup de septiembre, lo que confirma la tendencia histórica a la baja en los niveles de confianza pública. Aunque es un ligero aumento frente al 39% registrado en julio, sigue entre los niveles más bajos en los 25 años que Gallup lleva midiendo el indicador.
Los sondeos reflejan que gran parte del público percibe a la Corte, con una mayoría conservadora de 6-3, como demasiado inclinada a la derecha: un 43% de los encuestados considera que los magistrados son “demasiado conservadores”, un récord histórico que coincide con un año en el que el tribunal ha respaldado de forma desproporcionada las políticas de Trump en sus fallos desde que asumió la presidencia.