La dimisión de Mónica de Greiff reaviva las tensiones internas en Ecopetrol y expone los choques entre el Gobierno Petro y la empresa por el rumbo energético, Monómeros y el gas venezolano.
Este martes se oficializó la renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol. En su carta —reactivada luego de haber sido presentada inicialmente el 28 de mayo— la dirigente solicita que la dimisión sea efectiva de inmediato, pues los desacuerdos que motivaron su decisión meses atrás no han sido resueltos, según Blu Radio.
La salida de la ex ministra sacude la estructura directiva de la petrolera y abre un nuevo capítulo de tensión política alrededor de la ruta que el Gobierno nacional pretende trazar para la empresa. De hecho, según Blu, el presidente Gustavo Petro habría convocado a miembros de la junta con el fin de acelerar la adquisición de Monómeros y la importación de gas desde Venezuela.
Estos dos proyectos están estrechamente ligados al régimen de Nicolás Maduro y plantean riesgos tanto diplomáticos como financieros, dado que Estados Unidos mantiene sanciones vigentes por medio de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC).
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha defendido la idea de importar gas venezolano para llenar el déficit energético del país. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y de Greiff han enfatizado que la empresa no cruzará la línea de las sanciones internacionales.
Otro foco de discordia es la propuesta de Petro de vender la participación de Ecopetrol en el negocio de fracking en la cuenca Pérmica, entre Nuevo México y Texas, donde está la mayor reserva energética natural de EE.UU. y una de las mayores del planeta. Este activo representa alrededor del 13 % de la producción total de la empresa —más de 100.000 barriles diarios— y es considerado por muchos como una de sus operaciones más rentables y estratégicas. La idea de desprenderse de él ha generado críticas intensas tanto dentro como fuera de la compañía.
La renuncia de De Greiff también deja una complicación legal: con su salida, la junta podría violar la Ley de Cuotas, que exige que al menos el 30 % de sus miembros sean mujeres.
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