El gremio de generadores advierte que la raíz del problema no está en la especulación, sino en la lenta entrada de nuevos proyectos que amenaza la confiabilidad del sistema eléctrico.
El Gobierno presentó un nuevo proyecto de decreto para estabilizar las tarifas de energía eléctrica y proteger a los usuarios frente a la volatilidad del mercado, especialmente en épocas críticas como los fenómenos de El Niño. La medida, impulsada por el Ministerio de Minas y Energía, adiciona el Decreto 1073 de 2015 y busca limitar el costo de la energía mediante reglas de política pública que fortalezcan la contratación a largo plazo y reduzcan la exposición a la bolsa eléctrica.
El ministro de Minas, Edwin Palma, afirmó que el objetivo es “garantizar que ningún colombiano pague más por causa de la especulación o la volatilidad de los precios”.
Según explicó, la iniciativa promueve un equilibrio entre los mercados regulado y no regulado y da tres meses a la CREG para definir los mecanismos que aseguren su cumplimiento. Entre ellos, que los generadores hidráulicos vendan al menos el 95 % de su energía por contratos y que se creen nuevos instrumentos de contratación flexible, incluyendo incentivos a las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
“Queremos avanzar hacia una justicia energética que combine asequibilidad, estabilidad y sostenibilidad. Este decreto da una señal clara de que el país necesita tarifas predecibles y energía confiable”, subrayó Palma.
La iniciativa, sin embargo, llega en medio de tensiones con el sector generador. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, ha advertido que la incertidumbre regulatoria y los retrasos en proyectos e infraestructura dificultan la llegada de inversión para asegurar energía confiable.
El gremio ha señalado que atribuir las fluctuaciones de precios a conductas contrarias a la competencia carece de fundamento sin evidencia técnica rigurosa, y recordó que los generadores operan bajo un marco regulatorio estricto, con supervisión constante de la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio, además del control operativo de XM.
Acolgen insistió en que el problema estructural radica en la baja entrada de nuevos proyectos. Entre 2021 y 2025, los ingresos efectivos de nueva energía han sido muy inferiores a lo esperado, apenas 1,6 % este año. Este rezago, advirtió, explica buena parte de la presión sobre los precios y el riesgo de desabastecimiento.
“El país necesita reglas estables, decisiones técnicas y una visión de largo plazo para garantizar energía 24 horas al día, siete días a la semana”, concluyó Gutiérrez.
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