El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que equipara la retención en la fuente de pagos electrónicos con la de las tarjetas, una medida que busca “nivelar la cancha” pero que podría enfriar la adopción de medios de pago digitales y golpear a pequeños comercios.
El Ministerio de Hacienda de Colombia publicó para comentarios un borrador de decreto que busca unificar el tratamiento de la retención en la fuente aplicada a los pagos electrónicos y con tarjetas, proponiendo una tarifa del 1,5% para las ventas de bienes y servicios canceladas a través de Bre-B, billeteras digitales como Nequi y Daviplata, transferencias inmediatas, PSE, códigos QR y tarjetas virtuales.
Según el texto, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas y sustentado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la medida pretende eliminar el tratamiento dispar entre los diferentes instrumentos de pago y alinear sus reglas fiscales.
“El propósito es evitar el arbitraje entre productos y reconocer un trato similar entre los que ofrecen plena trazabilidad transaccional”, señala el documento.
En la práctica, la medida no implica un nuevo impuesto para los usuarios finales, sino la extensión del mecanismo de retención en la fuente, un anticipo del impuesto de renta, a los pagos digitales que hasta ahora no estaban sujetos. Esto significa que la retención se aplicará solo cuando la operación constituya un ingreso gravado por la venta de bienes o servicios.
Las transferencias entre personas que no involucren contraprestación comercial, conocidas como P2P, no quedarían alcanzadas por la norma.
El borrador indica que la retención podrá ser practicada por el adquirente (comprador) o, cuando exista intermediación, por los agregadores o procesadores de pago que actúan como agentes retenedores. La tarifa única sería del 1,5% y se aplicaría al momento del pago o del abono en cuenta, con exenciones para personas naturales no responsables de IVA.
El documento también aclara que la medida no requiere recursos presupuestales adicionales ni tendría, según la DIAN, impacto económico directo.
Sin embargo, expertos del sector advierten que el efecto real lo sentirán los comercios, que deberán asumir los costos administrativos derivados de la nueva obligación.
Las plataformas de pago tendrían que adaptar sus sistemas para calcular, descontar y reportar la retención en tiempo real, lo que implicaría desarrollar nuevos módulos, auditorías, conciliaciones y procesos de reporte fiscal. Estos ajustes podrían traducirse en mayores costos operativos para las empresas y, eventualmente, trasladarse a los comercios y usuarios.
La propuesta llega en un momento particularmente sensible para el sistema financiero colombiano. Hace apenas unas semanas, el Banco de la República lanzó Bre-B, un sistema interoperable de pagos inmediatos que permite transferencias 24/7 entre bancos y billeteras digitales.
Concebido como una infraestructura pública de bajo costo, Bre-B busca reducir el uso del efectivo, ampliar la inclusión financiera y formalizar la economía. El propio Banco Central ha destacado que, durante al menos cuatro años, el servicio no tendría comisiones de gestión por su infraestructura, lo que explicaba su rápida adopción inicial.
La iniciativa del Ministerio de Hacienda, no obstante, ha generado inquietud entre gremios empresariales y firmas tecnológicas, que temen que la introducción de retención en la fuente sobre los pagos digitales desincentive el uso de estas herramientas y frene el avance de la interoperabilidad.
“En medio de la entrada en operación de Bre-B, los mensajes sobre su fiscalización pueden convertirse en un desincentivo para su adopción”, señaló el gremio Colombia Fintech en un comunicado. Para la asociación, el problema no debería resolverse extendiendo retenciones, sino eliminándolas.
“Es el momento de que el país elimine los desincentivos a la formalización y la digitalización”, agregó.
La organización recordó que las retenciones actuales sobre pagos con tarjeta han generado desincentivos para la aceptación de medios electrónicos en pequeños comercios, y advirtió que una ampliación del régimen podría tener efectos similares.
Según Colombia Fintech, en Brasil un anuncio de mayor control fiscal sobre las transacciones del sistema PIX provocó una caída del 15,3% en el volumen de operaciones en solo dos semanas.
“El país no puede seguir premiando el uso del efectivo y castigando la digitalización de los servicios financieros”, concluyó el gremio.
El contexto de la medida ha avivado la discusión sobre el futuro de los pagos digitales en Colombia. En los barrios, la escena es la de muchos comerciantes todavía rechazan pagos con tarjeta por montos bajos debido a los costos asociados.
Bre-B nació precisamente para eliminar esas barreras y permitir transferencias gratuitas e inmediatas, buscando que enviar dinero fuera tan simple como entregar un billete. Con la nueva propuesta, los analistas temen que la promesa de gratuidad y simplicidad que inspiró el sistema público de pagos del Banco de la República se vea comprometida antes de consolidarse.
El Ministerio de Hacienda sostiene que la iniciativa busca nivelar la cancha y fortalecer la trazabilidad de las operaciones financieras, pero la discusión sobre sus efectos reales apenas comienza.
El documento permanecerá abierto a comentarios hasta el viernes 25 de octubre, fecha en la que podría ser firmado.