La filial de Ecopetrol presentó una acción de tutela para evitar el embargo de sus cuentas, argumentando que la Dian aplicó de forma retroactiva e inconstitucional conceptos jurídicos sobre el IVA en importaciones de combustibles.
La Refinería de Cartagena (Reficar) interpuso una acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), al considerar que la inminente actuación de embargo de sus cuentas corrientes vulnera derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo y la existencia misma de la compañía.
En el documento, la filial de Ecopetrol argumenta que la decisión administrativa de la Dian, contenida en la Resolución 12812 del 30 de octubre de 2025, se apoya en “conceptos jurídicos que contradicen abiertamente la Constitución” y aplica de manera unilateral y retroactiva interpretaciones de la ley tributaria favorables a los intereses del ente recaudador.
El conflicto tiene origen en una controversia sobre el tratamiento del IVA en las importaciones de combustibles. En mayo de este año, la Dian emitió un concepto según el cual la importación y nacionalización de gasolina y ACPM está sujeta al Impuesto sobre las Ventas (IVA) con una tarifa general del 19%. Según la interpretación de la autoridad tributaria, la base gravable para calcular dicho impuesto corresponde al valor de los productos en aduanas.
Ecopetrol y su filial difieren de esa interpretación, al considerar que la Dian aplica una lectura retroactiva y contraria a la normativa vigente. Pese a ello, la entidad notificó tres requerimientos especiales aduaneros por un valor aproximado de $6,3 billones a Ecopetrol y de $1 billón a Reficar, más intereses estimados por la compañía en cerca de $2,1 billones, correspondientes a los periodos 2022–2024. En total, la controversia fiscal ascendería a $9,4 billones.
Reficar, la segunda empresa más grande del país por ingresos, advierte que la ejecución de los embargos impediría su operación financiera y productiva, llevando a una eventual “parálisis de la empresa” en los próximos días. La tutela solicita al juez constitucional suspender los efectos de la resolución y ordenar a la Dian abstenerse de adelantar procedimientos de cobro coactivo mientras se resuelven las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ya interpuestas.
La compañía invoca además la protección al derecho al trabajo de más de 4.600 empleados directos e indirectos, así como la necesidad de garantizar la estabilidad de una infraestructura clave para el abastecimiento energético del país. Ecopetrol y Reficar anunciaron que ejercerán los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley, reafirmando su respeto por las decisiones de las autoridades, pero subrayando la importancia de preservar la seguridad jurídica en un caso de alto impacto para el sector.
El año pasado, Reficar registró ingresos por $25,9 billones y una pérdida de $262.900 millones.
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