El gremio señaló que apoya la movilidad sostenible, pero advirtió que una transición energética sin concertación encarecería la movilidad y afectaría a más de 70.000 empleos directos del sector.
La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) advirtió los efectos negativos del proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que propone aumentar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas impulsados por motores a gasolina y diésel.
Según el gremio, la medida encarecería los precios al consumidor y pondría en riesgo los avances recientes de la industria automotriz en 2025.
El borrador de decreto plantea elevar los gravámenes arancelarios hasta el 40 % para los automóviles a gasolina y el 35 % para los vehículos diésel y las motocicletas, lo que tendría un efecto directo sobre el valor final de estos productos.
Asopartes advirtió que el incremento reduciría la capacidad de compra de los hogares, frenaría la demanda y afectaría la formalización laboral en talleres, almacenes y distribuidores del país.
“Entendemos la importancia de avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible, pero esta transición debe hacerse de manera gradual y concertada con el sector”, señaló Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes. “Un aumento abrupto de aranceles no solo encarece los vehículos, sino que también golpea a las pequeñas y medianas empresas que dependen de este mercado”.
El gremio recordó que la industria automotriz y de autopartes genera más de 70.000 empleos directos, representa cerca del 2,5 % del PIB industrial y dinamiza economías regionales en todo el país. Por ello, pidió al Gobierno evaluar los impactos de la medida sobre la competitividad y el empleo antes de su implementación.
“La transición energética debe ser gradual, técnica y equitativa para todos los actores del sector”, agregó Pineda.
El gremio insistió en que cualquier modificación arancelaria debe surgir de un diálogo técnico basado en evidencia y articulado con las políticas de competitividad y empleo, de manera que la transición energética no afecte la recuperación económica ni el acceso a la movilidad de los colombianos.