La negociación del salario mínimo inicia el 1 de diciembre con inflación al alza y menor productividad, factores que condicionan el ajuste.
El Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales iniciarán el 1 de diciembre la negociación del salario mínimo de 2026, en un contexto de inflación que volvió a acelerarse y señales de menor productividad laboral. Las discusiones se dan con un escenario de propuestas distantes y con el antecedente de que en años recientes no se ha alcanzado consenso, lo que ha llevado a definir el aumento por decreto presidencial.
La inflación acumuló cuatro meses consecutivos al alza entre junio y octubre, pasando de 4,82% a 5,51%, según el análisis de ANIF. La entidad proyecta que el año cerrará cerca de 5,34%, una cifra que presiona el cálculo del incremento para 2026, pues la fórmula técnica parte del comportamiento del IPC y de la productividad laboral.
El deterioro de la productividad es otro elemento central para la mesa. El PIB por ocupado cayó 1,2% en lo corrido del año, un fenómeno que ANIF atribuye al crecimiento del empleo por encima del avance del PIB. Este comportamiento reduce el margen técnico para incrementos superiores a la combinación entre inflación y productividad, que para 2026 se ubicaría alrededor de 7,5%.
En paralelo, el Gobierno plantea un aumento que podría acercarse al 11%, lo que llevaría el salario mínimo a $1.580.085 sin incluir el auxilio de transporte. Fedesarrollo, en cambio, recomienda que el ajuste no supere el 7% para evitar presiones sobre la formalización laboral y los costos empresariales. La falta de acuerdo entre estos enfoques aumenta la probabilidad de que el incremento vuelva a fijarse por decreto.
Un incremento alto tendría efectos inmediatos sobre el poder adquisitivo de los hogares y sobre las obligaciones del Estado. ANIF estima que cada punto porcentual adicional en el aumento real del salario mínimo implica un sobrecosto fiscal de 0.24 billones de pesos en el régimen de prima media, debido a la indexación de mesadas mínimas. Un aumento de referencia cercano al 7,5% generaría un costo de aproximadamente 0.5 billones de pesos, mientras que un ajuste de 10% elevaría la carga fiscal a cerca de 1.12 billones.
Las empresas también enfrentan implicaciones directas, especialmente en sectores de menor tamaño. Según el análisis laboral incluido en los documentos, el salario mínimo sirve como base para calcular recargos, prestaciones, auxilios y aportes, por lo que un incremento amplio se refleja de inmediato en sus costos operativos. Para las organizaciones que dependen de mano de obra intensiva, esta carga puede trasladarse a precios finales y afectar su competitividad.
En el mercado laboral persiste además una informalidad cercana al 55%, un nivel que introduce riesgos adicionales. Cuando el salario mínimo se acerca a los salarios más altos, aumenta la probabilidad de que trabajadores de menor educación, mujeres y jóvenes terminen en ocupaciones informales, según estudios citados en uno de los documentos. Este efecto preocupa a empresarios y al Banco de la República ante la posibilidad de que un ajuste elevado incentive la informalidad.
“Tenemos que conversar con el presidente, lo vamos a hacer en los próximos días, cuál será la estrategia de negociación y cuál es nuestra propuesta como Gobierno”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que en los próximos días se evaluará cuál será la estrategia de negociación y propuesta del gobierno para el aumento del salario mínimo de 2026.
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