La hoja de ruta del estudio propone indexar la UPC a indicadores verificables, reconocer riesgos regionales y alinear la prima a los costos prestacionales reales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
La crisis del sistema de salud dejó de ser un debate técnico y se convirtió en uno político con implicaciones sociales: sin un ajuste en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el desfinanciamiento continuará erosionando la atención de los pacientes.
Esa es la principal conclusión del estudio hecho por Afidro junto al Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi, que traza una hoja de ruta para cerrar la brecha entre los costos reales del sistema y los recursos que recibe.
El diagnóstico arranca en los pacientes. El estudio advierte que el déficit impacta el acceso a servicios, demora tratamientos y restringe la disponibilidad de medicamentos innovadores, un punto crítico si se tiene en cuenta que el gasto de bolsillo en salud ha aumentado y que los usuarios perciben un deterioro continuo en la oportunidad y calidad de la atención.
La investigación señala que el gasto en salud, como proporción del PIB, se mantiene en niveles elevados para un sistema que, paradójicamente, no logra cubrir sus costos operativos.
El desbalance proviene de una UPC que no refleja la presión de variables como la carga epidemiológica, el envejecimiento de la población y la inflación médica—costos que han crecido por encima del ajuste anual de la prima.
El estudio propone tres ejes prioritarios:
- Recalcular la UPC con costos reales
Actualizar la metodología para incorporar inflación médica diferenciada, cambios en la morbilidad y uso efectivo de servicios de alto costo. - Indexar la UPC a variables estructurales del sistema
Adoptar un esquema de ajuste automático que no dependa de negociaciones anuales sino de indicadores verificables del gasto prestacional. - Crear mecanismos de suficiencia financiera por niveles de riesgo
Incluir elementos que reconozcan perfiles regionales, enfermedades crónicas y eventos de alto impacto que presionan a los aseguradores.
Un problema que desbordó al sistema
Afidro y la academia insisten en que no se trata solo de más recursos, sino de recursos mejor calculados. El ajuste de la UPC se presenta como la corrección de origen: la condición necesaria para reducir el déficit, estabilizar a los aseguradores y evitar una crisis más profunda que termine por desconectar la financiación del derecho a la salud.