Cuidados sin dinero, derechos sin garantía

En los últimos años, el “cuidado” pasó de ser un asunto periférico para posicionarse en el centro de las agendas regionales e internacionales. Desde la Conferencia Regional sobre las Mujeres hasta el Pacto Birregional de Cuidados entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, hay un consenso creciente: ninguna sociedad puede  sostener  su vida  colectiva sin reconocer, redistribuir y financiar adecuadamente el trabajo que cuida y sostiene la vida.

Pero hay una verdad incómoda que suele quedar por fuera de estos discursos: la agenda de los cuidados sólo se materializa cuando hay decisiones fiscales claras, cuando el Estado pone dinero real, estable y suficiente sobre la mesa. Sin financiamiento público, las declaraciones,  los compromisos y los pactos que suenan transformadores, no cambian la vida de nadie en los territorios. En Colombia, el trabajo de cuidado no solo ha recaído históricamente en las mujeres: también ha sido claramente racializado. Persisten imaginarios coloniales que ven a las mujeres afrodescendientes e indígenas como “más fuertes” o “naturalmente aptas” para cuidar, tratándolas como cuerpos disponibles para servir.

Esta mirada reproduce violencias que restringen su autonomía, frenan sus proyectos de vida y afectan a generaciones completas. Adicionalmente, hay algo más profundo: no todos los grupos viven la crisis de cuidados de la misma manera. Precisamente  son estas poblaciones  las que no solo cargan con más trabajo de cuidado no remunerado; también enfrentan barreras más altas para acceder a servicios de calidad, para trabajar en condiciones dignas y para ser escuchadas en estos debates globales. El cuidado como un derecho… o como un negocio.

El debate de fondo hoy es simple pero crucial: ¿El cuidado va a ser un derecho garantizado por los Estados, o un servicio de mercado disponible para quienes puedan pagarlo? Esta pregunta, sin embargo, abre otra igual de urgente: ¿qué lugar tienen las comunidades racializadas subordinadas  en la definición de ese futuro? Muchos de los procesos internacionales recientes han empezado a inclinar la balanza hacia una lógica mercantilizada del cuidado.

Se habla de alianzas público-privadas, créditos de multilaterales, “aceleradores de inversión” o sistemas de aseguramiento como si fueran soluciones modernas y técnicas. Pero detrás de ese lenguaje sofisticado se esconde un riesgo profundo: la responsabilidad pública por garantizar el cuidado empieza a desplazarse hacia actores privados.Y cuando el cuidado deja de ser un derecho y se convierte en un servicio, las primeras afectadas son las comunidades más pobres, racializadas y de territorios históricamente excluidos.

En América Latina esta tendencia ya es visible. Mientras algunos países avanzan hacia sistemas nacionales de cuidado, otros siguen dependiendo de préstamos del BID y de fondos que convierten el cuidado en un “sector económico” más, regido por las reglas del mercado. Y cuando el cuidado entra en esa lógica, las consecuencias se sienten de inmediato en los territorios: una guardería pública termina tercerizada y aumenta sus costos; un hogar comunitario pierde financiación y las cuidadoras quedan sin seguridad social; una mujer del Pacífico tiene que elegir entre pagar el transporte para acceder a un servicio o abandonar su empleo para cuidar. Nada de esto es teórico: es la realidad cotidiana de las comunidades  que dependen del Estado para garantizar el cuidado más básico.

Entonces si  el cuidado que ya es considerado como un derecho autónomo, los Estados deben garantizar con recursos reales para que todas las personas cuidadoras cuenten con tiempo, ingresos, servicios y condiciones dignas que les permitan vivir plenamente, sin que su bienestar dependa del mercado, de su nivel de ingresos o  del territorio al que pertenezcan.

En este panorama, la pregunta central es quién paga por garantizar la sostenibilidad de la vida. La financiación del cuidado no es un debate técnico, es una discusión de poder: define si el cuidado será un derecho garantizado o un privilegio restringido por el ingreso, la raza o el territorio. Cuando el Estado no financia, lo que desaparece es lo fundamental: guarderías accesibles, servicios comunitarios, atención a la dependencia, condiciones dignas para las trabajadoras del cuidado y tiempo propio para las mujeres. Y quienes quedan más expuestas son las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales que históricamente han sostenido el cuidado sin recibir derechos ni reconocimiento.

Hablar de cuidados sin hablar de desigualdad racial es contar solo la mitad de la historia. El mapa del cuidado en América Latina y especialmente en Colombia se superpone con el mapa del racismo estructural. Son mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes quienes sostienen la mayor parte del cuidado no remunerado y del remunerado en condiciones precarias, y aun así casi nunca están en los espacios donde se decide el futuro de la agenda global del cuidado. Por eso, financiar el cuidado implica  además de  destinar recursos: exige reconocer estas desigualdades, garantizar la participación real de las comunidades racializadas y asegurar que los presupuestos lleguen a los territorios históricamente excluidos.

Sin justicia racial no hay justicia de cuidados, y sin esa justicia cualquier sistema nace incompleto. En los últimos años, espacios regionales como la Conferencia Regional sobre las Mujeres y el Pacto Birregional de Cuidados han puesto el cuidado en el centro de la agenda. Se habló de sistemas nacionales, mejores condiciones laborales, producción de datos y del cuidado como un derecho. Pero, cuando miramos de cerca, lo que no funciona es exactamente lo que más importa: la plata. Los compromisos fiscales siguen siendo débiles o inexistentes.

Los Estados hablan de cuidado, pero no dicen cuánto van a invertir, y lo que destinan para comunidades afrodescendientes e indígenas queda diluido en rubros amplios como “inclusión social”, donde el cuidado es apenas una línea sin capacidad de transformar la vida de nadie. No estamos hablando del Presupuesto General de la Nación en abstracto, sino de recursos directos, sostenidos y obligatorios.

Esos presupuestos casi nunca existen; y cuando existen, llegan subfinanciados, concentrados en las grandes ciudades o atados a proyectos temporales. Así, el cuidado se reconoce como derecho, pero el dinero no llega y los compromisos internacionales quedan en papel. El desafío hoy es convertir el consenso en presupuesto, y la retórica en sistemas de cuidado universales, territoriales y con el lugar que merecen las comunidades que históricamente han sostenido la vida sin que el Estado las sostenga a ellas.

Por: Audrey Mena* y como invitada Mariana Matamoros de Dejusticia.
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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