Desde el Consejo Gremial señalan que el incremento impactará las finanzas de las empresas y el poder adquisitivo de los colombianos.
El presidente Gustavo Petro anunció este lunes 19 de diciembre que el salario mínimo para el 2026 será de $2′.000.000 incluido el auxilio de transporte, lo que equivale a un aumento del 23%. La medida ha sido ampliamente criticada por los gremios y distintos actores de la economía, asegurando que el alza generará un efecto contraproducente para las finanzas de las empresas y el bolsillo de los colombianos.
Tras el anuncio, el Consejo Gremial se pronunció y advirtió que el alza del 23% ordenado por el Gobierno nacional no tiene sustento técnico suficiente.
“Resulta incoherente con la realidad fiscal y económica que hoy enfrenta Colombia y agrava un escenario de alta incertidumbre para la generación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, agregaron.
Desde el Consejo Gremial señalan que estos aumentos desmedidos en el salario mínimo no contribuyen en nada a resolver el problema de la informalidad laboral, que para octubre, según cifras del DANE, ascendía a 13,6 millones de personas, e impactaría el poder adquisitivo de las más de 11,38 millones de personas que no reciben un salario mínimo.
Una medida como esta, indican, puede tener un efecto directo en la inflación y las finanzas públicas, así como en las reservas pensionales y en los bienes y servicios que deben ser indexados con base a este indicador como transporte, vivienda de interés social, las multas y demás.
En ello concuerda Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, que describió el incremento como desafortunado. “En la medida en que se genera este incremento, el sistema económico en su conjunto va a verse afectado y seguramente los precios de bienes y servicios se van a ver fuertemente afectados, sobretodo a las personas con menos poder adquisitivo”.
“El mecanismo de ajuste del salario debe responder a inflación y productividad. Si uno revisa los últimos datos, en el mejor de los casos, debería estar pensando en un ajuste cercano al 7% para mantener inalterado el poder adquisitivo de los colombianos que están en la formalidad”, agregó.
Con este incremento, señala el experto, se generará una presión para el sistema económico que se verá en dos dimensiones: representará un costo laboral importante para las empresas y desencadenará en una destrucción sobre los empleos.
“El incremento real no debe ser puesto por decreto, el incremento debe ser un resultado de mejora en productividad, condiciones económicas, atracción de inversión, tener reglas claras y certidumbre jurídica, e infortunadamente, ninguna de estas medidas tomadas por el gobierno apunta a garantizar un entorno que favorezca estas condiciones”, concluyó.