Según sus cuentas, el mayor gasto proviene del componente de pensiones, que equivaldría a 4,7 billones de pesos.
El incremento del salario mínimo ha suscitado el debate sobre los costos del ajuste para las empresas y las finanzas personales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se suma a quienes han ahondado en las consecuencias para el bolsillo público, pues con el aumento del 23% en el salario mínimo, los costos también crecen para el Gobierno.
A partir de una revisión de la medida y los posibles escenarios, el CARF presentó un documento con sus estimaciones preliminares para la situación fiscal del país. De acuerdo con sus cálculos, el salario mínimo establecido para 2026 podría incrementar hasta en 5,3 billones de pesos (0,3% del PIB) el déficit fiscal, cifra que ascendería a 8 billones (0,4%) para el 2027 en adelante.
Lo anterior, acota el organismo, entorpece el ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.
Según sus cuentas, el mayor gasto proviene del componente de pensiones, que equivaldría a 4,7 billones de pesos, mientras que los salarios de los funcionarios públicos corresponde a un gasto de 0,6 billones de pesos.
Asimismo, el Comité señala las consecuencias que tendrá la medida sobre el recaudo tributario de cuotas de venta, “De 2027 en adelante, suponiendo que parte del aumento en el costo salarial se traduce a una reducción en el margen de utilidad de las empresas y sin considerar posibles efectos en el empleo formal, se estima que este recaudo se reduzca en 2,7 billones de pesos”.
Y ,agregó, “este cálculo no considera que existe la posibilidad de que el aumento en el SMMLV genere un efecto neto positivo en la demanda agregada, vía el beneficio de algunos sectores. En ese caso, el efecto en el recaudo sería algo menor”.
Las cuentas del CARF
Se calcula que el crecimiento real del salario mínimo será de 18,5%, esto genera ciertos escenarios fiscales problemáticos y que pueden revisarse a futuro. En primer lugar, el alza afecta al gasto correspondiente a las pensiones de régimen de prima media y aumenta el costo a asumir por los salarios de los funcionarios que devengan ese nivel de ingresos. Por otra parte, incrementa el Índice Base de Cotización (IBC) que se utiliza para calcular la tasa de reemplzado de las pensiones en el régimen de prima media; además, se evidencia en el gasto del gobierno en bienes y servicios, como vigilancia y aseo.
En el componente de pensiones, otro impacto es el aumento en el valor de las pensiones correspondientes a rentas vitalicias de alrededor de un salario mínimo legal vigente del Régimen de Ahorro Individual, ya que se ajustan con el mínimo y no con el IPC.
“Cuando el SMMLV crece por encima de la inflación y de la productividad, está contemplado un mecanismo de cobertura que establece que el Gobierno responderá por el faltante financiero requerido para cubrir el acervo que respalda esas pensiones”, agrega.