El aumento histórico del salario mínimo reabre el debate económico: mejora ingresos y consumo de trabajadores formales, en un contexto de alta informalidad, pero eleva costos laborales y genera presiones inflacionarias.
El presidente Gustavo Petro defendió este martes el aumento en el salario mínimo decretado por su Gobierno y advirtió que existen acciones jurídicas en curso para tumbar tanto ese ajuste como otros decretos económicos recientes, entre ellos los relacionados con impuestos a grandes empresas.
“Alistarse para salir a las calles”, escribió Petro en un mensaje publicado en la red social X en el que aseguró que el incremento salarial —al que denominó “salario vital”— tiene sustento constitucional y rechazó los argumentos que lo señalan como inconstitucional o como un detonante directo de inflación.
A la fecha, ya hay varias tutelas interpuestas contra el alza del 23,7% (al incluir el auxilio del transporte) que piden la suspensión de la medida. En 2016, el Consejo de Estado anuló el decreto del alza del 7% del mínimo por falta de justificación técnica suficiente, aunque la decisión solo tuvo efectos hacia el futuro y no afectó los pagos realizados, dejando un precedente sobre la obligación del Gobierno de motivar adecuadamente estos ajustes cuando no hay acuerdo tripartito.
Según Petro, el cálculo del salario mínimo se basó en estimaciones oficiales del Dane sobre el costo de una canasta básica mínima para los hogares colombianos.
“Si es una orden de la Constitución, ¿por qué en 35 años no se ha cumplido? ¿Por qué el Congreso no actuó, sino que actúa solo para los megarricos y las mafias?”, señaló.
El jefe de Estado también cuestionó a los sectores que advierten impactos inflacionarios del aumento y señaló que, en su visión, las presiones sobre los precios provienen principalmente del encarecimiento de los alimentos y de problemas estructurales del sector agropecuario. En ese contexto, reiteró que las empresas que trasladen automáticamente el alza del salario mínimo a los precios finales incurrirían en prácticas especulativas que deben ser sancionadas por las autoridades.
Desde el punto de vista económico, el incremento del 23,7% —el más alto en décadas— tiene efectos mixtos, tal como lo han señalado analistas. Por un lado, mejora el ingreso real de los trabajadores formales (unos 2,4 millones) que devengan el mínimo y puede impulsar el consumo.
Sin embargo, los expertos también han advertido que un ajuste de esa magnitud también eleva los costos laborales para las empresas, impacta el gasto público —al estar indexados al salario mínimo múltiples transferencias y tarifas— y puede generar presiones inflacionarias indirectas si se traslada a precios o si afecta el empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas empresas.
Petro anunció además que su Gobierno impulsará un proyecto de ley para que el concepto de salario mínimo vital y familiar quede incorporado como referencia obligatoria en futuros decretos salariales, iniciativa que, según indicó, será debatida por el próximo Congreso.
La medida se produce en año electoral que definirá el rumbo del país en los próximos cuatro años.
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