El gremio señaló que los costos de vigilancia y aseo, atados al salario mínimo, presionarán los presupuestos de los conjuntos residenciales y obligarán a ajustes en las cuotas de propiedad horizontal.

La Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) advirtió que los conjuntos residenciales enfrentarán ajustes en las cuotas de administración hasta del 23%, impulsados por el incremento del salario mínimo y el alza de los costos operativos en la propiedad horizontal.

El presidente del gremio, Mario Ramírez, explicó que las cuotas no se actualizan únicamente con base en la inflación, como suele creerse, sino que gran parte de los incrementos dependen directamente del salario mínimo, especialmente en rubros como vigilancia y aseo, que representan la mayor parte del presupuesto en las copropiedades, según dijo en entrevista con Blu Radio.

Ramírez señaló que en muchos conjuntos más del 60% de los gastos se concentra en servicios de seguridad, mientras que el resto corresponde a limpieza, mantenimiento, impuestos y otros costos asociados al funcionamiento cotidiano.

Sostuvo que será difícil que las administraciones limiten el ajuste de las cuotas al IPC, pues podrían quedar desfinanciadas. “Las copropiedades no pueden operar con déficit”, afirmó, al anticipar que los incrementos podrían ubicarse por encima de la inflación.

Ante ese escenario, el dirigente gremial planteó que algunas unidades residenciales podrían verse obligadas a revisar sus esquemas de operación para contener costos, incluyendo reducción de personal o automatización de servicios, especialmente en vigilancia. No obstante, precisó que cualquier cambio de ese tipo debe ser aprobado por la asamblea de copropietarios.

Mencionó que conjuntos con varios turnos de vigilancia podrían optar por recortes en el número de guardas, ajustes en servicios especializados o una reorganización del modelo de seguridad. También señaló que la incorporación de sistemas tecnológicos podría crecer como alternativa para equilibrar presupuestos.

Fedelonjas indicó que todavía no cuenta con una estimación del impacto laboral potencial, aunque advirtió que el efecto podría ser amplio debido a que en Colombia existen cerca de 14 millones de unidades de vivienda urbana bajo el régimen de propiedad horizontal.