El gremio advirtió que, con costos de construcción al alza y mayoría de empresas pymes, un esquema similar a control de precios podría reducir la oferta y encarecer la vivienda y los arriendos.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, aseguró que el Gobierno estaría avanzando hacia un esquema de control de precios en el mercado de vivienda, a través de un proyecto de decreto que, según el gremio, desconoce el marco legal vigente y podría afectar la seguridad jurídica del sector, especialmente en vivienda de interés social (VIS) y proyectos de renovación urbana.
En una rueda de prensa, Herrera cuestionó que desde el Ejecutivo se plantee que en el sector existen “conductas abusivas”, y defendió que la construcción es una actividad clave para la oferta de vivienda, en especial para hogares de menores ingresos.
“No aceptamos que se hable de conductas abusivas”, afirmó, al tiempo que señaló que el debate debe darse desde el terreno de las políticas públicas y con evidencia.
Camacol sostuvo que el borrador del decreto obligaría a que el precio de la vivienda se defina en pesos desde la etapa de separación o promesa de compraventa, como si fuera una Coca Cola, sin posibilidad de ajustes o mecanismos objetivos hasta el momento de la escrituración, lo que —a juicio del gremio— contraría la lógica económica de la construcción.
Según explicó Herrera, la normatividad actual reconoce que los costos de obra cambian durante la ejecución de los proyectos y que el precio se consolida al momento de firmar escritura.
El gremio enfatizó que, en Colombia, el precio puede pactarse libremente bajo reglas del Código Civil y el Código de Comercio, sea como un valor fijo o determinado por mecanismos objetivos. Además, recordó que la VIS tiene un régimen especial, que debe definirse en el Plan Nacional de Desarrollo, y advirtió que el proyecto “elimina topes” e impacta políticas urbanas como la renovación en ciudades como Bogotá.
En respaldo de su argumento, Camacol citó cifras del comportamiento de precios en el segmento VIS: de 74.000 viviendas VIS entregadas a noviembre de 2025, más del 60% se vendieron por debajo de 135 salarios mínimos (cerca de $192 millones), lo que —según el gremio— sugiere que los valores finales no están necesariamente “pegados” al máximo permitido.
Herrera también vinculó la controversia a los costos de producción, en un contexto de incremento del salario mínimo. Camacol estima que los costos de construcción de un proyecto nuevo podrían subir entre 10% y 15%, en un sector donde cerca del 90% de las empresas son pymes, lo que aumentaría el riesgo de que algunos proyectos no sean viables si se limita la flexibilidad contractual.
El gremio señaló, además, que el borrador introduce un régimen de transición que elevaría la incertidumbre para proyectos en curso y advirtió sobre una “línea roja” constitucional: el artículo 334 establece que el control de precios no puede aplicarse como una decisión discrecional sin condiciones.
“Vamos a demostrar que el Gobierno en forma ilegal pretende imponer controles de precios; esto no es Cuba”, dijo Herrera.
Finalmente, Camacol alertó sobre los efectos que, según la evidencia económica, suelen generar los controles de precios: escasez, distorsiones en la oferta y aumentos en los valores del mercado de vivienda nueva, usada y de arriendos, con riesgos para la política de vivienda y los beneficios para los compradores.