Rendón señaló que el departamento invocará la excepción de inconstitucionalidad y no aplicará las medidas tributarias del Decreto 1474 mientras decide la Corte Constitucional.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que el departamento no aplicará las medidas tributarias incluidas en el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que vulneran la Constitución y afectan la autonomía fiscal de las entidades territoriales.
“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto”, afirmó Rendón, al señalar que el mayor impacto recaería sobre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento.
La decisión se ampara en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo jurídico que permite a una autoridad abstenerse de aplicar una norma cuando considera que contradice la Carta Política, mientras se produce un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional.
Según la Gobernación, el decreto tendría un efecto “desproporcionado” sobre las finanzas departamentales y provocaría un perjuicio inmediato que, en su criterio, puede evitarse mientras avanza el control constitucional automático. “La Constitución es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de la Carta Magna”, sostuvo Rendón.
En un duro pronunciamiento, señaló que los “decretazos” de emergencia económica y el aumento del salario mínimo le costarán al Departamento cerca de $1,5 billones, lo cual pone en riesgo la obra pública en Antioquia y soluciones de vivienda para 12 mil familias.
El decreto de emergencia económica (Decreto 1474) obligó a la Gobernación y a la FLA a recalcular su flujo de caja: de acuerdo con estimaciones oficiales, los nuevos gravámenes podrían generar pérdidas superiores a $40.000 millones.
Rendón advirtió que el Gobierno “se quedaría con todo el crecimiento de la FLA” y que recursos que tradicionalmente financian rubros como salud y educación terminarían destinándose a cerrar brechas del Presupuesto General de la Nación de 2026.
Entre las medidas señaladas está el incremento del IVA a licores fuertes —como aguardiente, ron, whisky y brandy— del 5% al 19%, además de un impuesto al consumo del 30% sobre el valor total de cada botella. Con ese ajuste, la Gobernación estima alzas relevantes en los precios al consumidor.