El gremio señaló que la decisión se habría tomado sin acuerdo entre las partes, pese a un decreto del 29 de diciembre que fijaba esa condición, y pidió restablecer los montos previstos para 2025.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertó que el Gobierno Nacional redujo las vigencias futuras asignadas a dos proyectos estratégicos de infraestructura y restauración ambiental, una decisión que —según el gremio— se tomó de forma unilateral pese a que existían reglas fijadas por el propio Ejecutivo para este tipo de modificaciones.
En una comunicación dirigida a los ministros de Hacienda y Transporte, al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la CCI expresó su preocupación por la reducción de recursos en los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y Canal del Dique, en la región Caribe.
De acuerdo con el gremio, en el caso de Mulaló–Loboguerrero la disminución sería cercana a $340.000 millones, mientras que para la restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique el recorte rondaría los $636.000 millones. En total, la afectación sumaría aproximadamente $1 billón.
La CCI advirtió que la reducción de las vigencias futuras pone en riesgo obras clave para la competitividad, el crecimiento económico y la integración regional, al tratarse —según señaló— de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y con impacto directo en el Valle del Cauca y la región Caribe.
Además del recorte presupuestal, el gremio cuestionó la forma en que se adoptó la medida. Recordó que un decreto expedido el 29 de diciembre estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía acuerdo entre las partes. Sin embargo, indicó que dos días después el Gobierno habría reducido los recursos de manera unilateral, pese a haber definido que los ajustes requerían el consentimiento de los concesionarios.
En ese contexto, la Cámara aseguró que esta actuación puede afectar la confianza contractual en los proyectos de infraestructura, además de abrir riesgos legales y financieros para la Nación.
Por ello, el gremio exhortó al Gobierno a restablecer las vigencias futuras previstas para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en proyectos que considera esenciales para el desarrollo del país. También advirtió que, si no se honran los compromisos de pago, los funcionarios responsables podrían enfrentar eventuales consecuencias disciplinarias y fiscales.
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