La CCI advirtió que una ruptura sin causal legal objetiva podría activar compensaciones e indemnizaciones para el Estado. También alertó por los riesgos de eliminar peajes sin un modelo alternativo de operación y mantenimiento.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al Gobierno nacional respetar los contratos de concesión vigentes, tras el anuncio de una posible terminación anticipada del contrato de Autopistas del Café, y la eliminación de peajes en ese corredor vial.
En un comunicado, la CCI —a través de su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer— advirtió sobre los riesgos institucionales, jurídicos y económicos que, en su criterio, se derivan de una intervención unilateral sobre un contrato en ejecución.
El gremio sostuvo que una decisión de ese tipo incrementa la incertidumbre y compromete la seguridad jurídica de la contratación pública, así como la estabilidad de las reglas del sector infraestructura.
Según la CCI, Autopistas del Café es una concesión de primera generación, vigente hasta 2027, que registra un cumplimiento contractual del 100%, calificaciones técnicas por encima de lo exigido y que, además, no ha requerido recursos públicos.
La CCI señaló que en los últimos años la concesión ejecutó obras y diseños adicionales por $310.000 millones, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los departamentos del área de influencia, utilizando los mecanismos contractuales establecidos.
“Los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales. Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”, afirmó Caicedo Ferrer, citado en el comunicado.
La CCI también destacó los impactos regionales de la concesión. Afirmó que la vía ha contribuido a la integración del Eje Cafetero, apoyando sectores como turismo, agroindustria, comercio y logística. En el balance presentado por el gremio, la concesión habría aportado a la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos y logrado reducciones en tiempos de desplazamiento, costos operativos y siniestralidad vial.
El comunicado plantea que una terminación anticipada, sin un esquema alternativo claramente definido para la financiación, operación y mantenimiento, podría poner en riesgo la continuidad y sostenibilidad de esta infraestructura.
En el plano jurídico, la CCI recordó que los contratos de concesión están respaldados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia. En esa línea, advirtió que una terminación unilateral sin una causal legal objetiva y debidamente acreditada activaría cláusulas contractuales que incluyen compensaciones e indemnizaciones a cargo del Estado, con impacto sobre las finanzas públicas.