Acolgen y Andeg expresaron preocupación por el Decreto Legislativo 044 de 2026, expedido bajo la emergencia económica, al advertir que altera de forma “intempestiva” el marco jurídico del sector.
Los gremios de generación eléctrica Acolgen y Andeg cuestionaron las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica declarada mediante el Decreto 1390 de 2025, al advertir que los nuevos tributos sobre el sector pueden afectar la estabilidad financiera y la credibilidad institucional del mercado eléctrico.
La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, afirmó que las decisiones “alteran de manera intempestiva e injustificada” el marco jurídico vigente y generan incertidumbre para la toma de decisiones futuras, lo que —según el gremio— podría frenar inversiones y golpear procesos clave como la subasta del cargo por confiabilidad, nuevos proyectos de energías renovables y los esquemas de contratación de largo plazo anunciados por el Ministerio.
Acolgen recordó que, en los últimos 30 años, las empresas generadoras han invertido más de $140 billones para garantizar confiabilidad del sistema y que el país requiere entre $10 y $13 billones anuales para asegurar el suministro.
El gremio advirtió que cambios abruptos en las reglas debilitan la confianza inversionista en un contexto en el que, con base en datos de XM, se ha mencionado un riesgo de escasez de energía firme que podría llegar a -3,5% en 2027.
Por su parte, Andeg señaló que el Decreto 044 introduce nuevos tributos que generan “serias afectaciones” al sector. Entre ellos, mencionó una contribución parafiscal destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial, a cargo de generadores y calculada sobre la utilidad antes de impuestos, con un recaudo estimado cercano a $300.000 millones.
Andeg también alertó que la medida se agrava porque los generadores -en especial los térmicos-tienen acreencias con la intervenida Air-e por $1,2 billones, más cerca de $500.000 millones con el resto de la cadena, lo que en la práctica “obliga” a contribuir al pago de su propia deuda.
Adicionalmente, el gremio mencionó una contraprestación tributaria transitoria en energía a cargo de generadores hidráulicos, ligada a entregas de energía vendida en bolsa, a cambio de un descuento en renta.
Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el decreto es “confiscatorio” y presenta “serios vicios de ilegalidad”, por lo que pidió una revisión pronta por parte de la Corte Constitucional.