La promesa del mercado de carbono está en jaque ante una regulación insuficiente y un rezago en la digitalización de los sistemas de seguimiento y verificación. A merced de estos riesgos están los distintos jugadores de la cadena, desde los compradores hasta las comunidades que trabajan por la conservación y acción climática. Este es el panorama.
Por Luisa Triana y Joselin Cuartas
En Colombia se mueve un mercado silencioso pero millonario: el de los bonos de carbono. Mientras las empresas los compran para cumplir metas de descarbonización y disminuir su carga tributaria, nuevos desarrolladores expanden proyectos REDD+ por selvas, riberas y resguardos. Solo al cierre del segundo trimestre de 2025, el país ya acumulaba 50,3 millones de certificados listos para retiro y más de $3,6 billones recaudados en impuestos desde 2017, según datos de Asocarbono.
Su funcionamiento, en teoría, es sencillo. Como explica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada crédito que se comercia en los mercados de carbono es equivalente a una acción para reducir o eliminar emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, la restauración de humedales. Y, como en cualquier mercado, los créditos se usan en transacciones de compra y venta.
No obstante, el negocio se enfrenta a un problema estructural: la falta de reglas claras sobre gobernanza, transparencia y participación comunitaria.
Una tutela inédita en Buenaventura muestra cómo las brechas institucionales pueden convertirse en riesgos concretos para la cadena de valor. Cuando los piangueras del manglar vieron un dron sobrevolando su territorio, supieron que algo no andaba bien. “Ellos llegan manifestando que querían trabajar con las comunidades”, recuerda Evangelista Aragón, líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Lo que las comunidades de los Consejos Comunitarios de los ríos Mayorquín, Papayal y Raposo desconocían es que sobre su territorio colectivo ya existía un proyecto REDD+ completo: diseñado, certificado y listo para vender bonos de carbono en el mercado voluntario. Sin su consentimiento.
El embrollo legal escaló al ámbito judicial. Dos áreas del territorio colectivo figuran como predios privados propiedad de la empresa Tángara Forest S.A.S. Sobre estos predios, se montó el proyecto, validado y verificado. Lo anterior a pesar de que la Agencia Nacional de Tierras confirmara que los títulos colectivos otorgados en 1999 seguían vigentes. Los créditos generados por el proyecto se comercializaron en el mercado.
“Hoy tenemos una división organizativa en el territorio”, dice Aragón. De haber irregularidades en las transacciones de los créditos, los desarrolladores del proyecto y las empresas se enfrentan a riesgos reputacionales, legales y tributarios.
Este y otros casos evidencian las debilidades del mercado de carbono en materia de regulación y monitoreo.
Desde el sector jurídico, los expertos coinciden en que “las empresas que participan en mercados ambientales deben aplicar estándares de debida diligencia en derechos humanos, lo que implica verificar que sus actuaciones directas o indirectas no afecten comunidades ni desconozcan derechos territoriales”, asegura Julián Trujillo, abogado y experto en conflictos territoriales.
Si la tutela prospera y eventualmente llega a la Corte Constitucional, marcará un precedente para todo el ecosistema. Pero desde ahora, el mensaje es claro: la responsabilidad no es de un solo eslabón, sino de toda la cadena, desde quien diseña el proyecto hasta quien retira el crédito final.
+ Humano + Tecnología
La industria ya discute posibles soluciones. No se trata de eliminar el mercado, sino de construirlo sobre bases más sólidas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo plantea cuatro retos principales para el ecosistema de carbono, de los cuales Colombia no está exento.
El primero es la calidad de los créditos de carbono, específicamente se refiere a los ‘créditos vintage’, que tienen un equivalente ambiental cuestionable. Este tipo de créditos debilitan la confianza en el mecanismo. Por otra parte, la falta de mejores sistemas de seguimiento y verificación suponen una vulnerabilidad ante la doble contabilidad, que no es más que múltiples actores atribuyéndose el mismo crédito de carbono.
Un tercer riesgo es el uso inapropiado de los créditos de carbono para promocionarse como empresas verdes, pero sin compromisos reales en materia de sostenibilidad. Y no menos importante, el PNUD sugiere que cuando un proyecto carece de planeación expone a las comunidades locales y ecosistemas a un daño ambiental y social.
De ahí que las actividades de conservación y reducción de emisiones de carbono detrás de cada crédito sea desarrollada junto a los locales, desde un enfoque más humanista, apreciando su conocimiento y destreza en los territorios.
Carolina Zalamea Lechtman, CEO de la firma de seguros Gallagher Consulting Ltda., afirma que, si bien Colombia ha avanzado en términos de regulación, en la práctica Colombia tiene oportunidades para mejorar. La experta indica que el país debe fortalecerse en tres frentes:
i) Transparencia y gobernanza, es decir, reglas claras sobre metodologías, autoridades, auditoría y sanciones.
ii) Interoperabilidad entre sistemas, a partir de una integración entre registros nacionales e internacionales.
iii) Alineación entre política climática y mercado, para ello debe haber una articulación entre el mercado voluntario, el impuesto al carbono, las NDC y las prioridades sectoriales.
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Un artículo publicado en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) expone que la tecnología es una aliada para maximizar la eficacia de los mercados de carbono, atendiendo a los puntos débiles del sistema. En ese orden de ideas, soluciones de blockchain pueden facilitar el rastreo y la verificación del origen y las transacciones de los créditos.
Mediante herramientas de inteligencia artificial se puede agilizar las operaciones en el mercado de carbono, identificar fraudes o anomalías, optimizar las negociaciones, reducir costos y fortalecer la confianza de los grupos de interés.
“La tecnología es un habilitador central. Herramientas como blockchain, monitoreo satelital, sensores remotos y análisis con inteligencia artificial permiten elevar la trazabilidad y la integridad del mercado”, agrega Zalamea.
Ajustar las tuercas del mercado de carbono, dice la experta, es crucial para garantizar su escalabilidad, en la medida en que se habilita la entrada de los proyectos a la banca, al aseguramiento y a la atracción de capital. La sostenibilidad del mercado de carbono está en el equilibrio entre el impacto ambiental, el enfoque humanista y la tecnología.