El gremio dijo que la eliminación de los topes diferenciados de la vivienda VIS -aplicables a proyectos excepcionales y de renovación urbana- impactaría 132.000 unidades, equivalentes a una inversión de $27 billones.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) alertó que la eliminación de los topes diferenciales de precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), propuesta en un proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda, podría afectar 35% de la oferta de vivienda VIS que hoy se encuentra en preventa o en construcción en el país.
Según el análisis técnico del gremio, la medida impactaría alrededor de 132.000 unidades VIS, equivalentes a una inversión cercana a $27 billones, en un sector que completa más de dos años en recesión técnica, de acuerdo con las Cuentas Nacionales del Dane.
El proyecto de decreto elimina tanto el tope excepcional de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) —aplicable en determinadas ciudades y condiciones— como los topes diferenciados para proyectos de renovación urbana, lo que, en la práctica, llevaría a que múltiples proyectos superen el umbral general de 135 SMMLV, alterando sus condiciones iniciales de viabilidad.
Camacol detalló que, con base en la distribución reciente del mercado, 76.000 viviendas se verían afectadas por la eliminación del tope excepcional (20% del mercado) y 56.000 unidades adicionales por la eliminación de los topes de renovación urbana (15%). En conjunto, el ajuste regulatorio tendría un efecto directo sobre más de un tercio del mercado VIS.
El análisis muestra que, en 2025 con corte a noviembre, 26% de las viviendas VIS entregadas tuvieron precios superiores a 135 SMMLV, particularmente en ciudades como Bogotá y en aglomeraciones urbanas de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín. En el caso de la renovación urbana, el impacto sería aún mayor: 68% de las viviendas VIS y VIP entregadas en estos suelos superaron los topes generales, lo que las haría inviables bajo la nueva regla.
Para el gremio, la magnitud del ajuste regulatorio exige que las decisiones de política pública se orienten a preservar condiciones claras, estabilidad normativa y seguridad jurídica, especialmente en un segmento clave para atender el déficit habitacional y dinamizar la actividad económica.
Camacol advirtió que cambios abruptos en las reglas de precio podrían frenar proyectos en curso, reducir la oferta formal y comprometer los objetivos de la política de vivienda social.
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