La Corte Constitucional decidirá sobre la suspensión provisional y la exequibilidad del decreto, en un fallo clave para definir los límites del uso de la emergencia económica en materia fiscal y tributaria.
El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad total del Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, al considerar que vulnera la separación de poderes y suplanta la función del Congreso.
La solicitud fue presentada por Natalia Gutiérrez Jaramillo, en su calidad de presidenta del Consejo Gremial, dentro del proceso de control automático que adelanta la Corte sobre los decretos expedidos al amparo del estado de excepción.
El Consejo argumenta que el Decreto 1390 excede los límites materiales de los estados de excepción, al introducir disposiciones de carácter estructural y permanente que no guardan una relación directa, inmediata y exclusiva con la atención de la emergencia invocada.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse tanto sobre la solicitud de suspensión provisional como sobre la exequibilidad de fondo del decreto, en una decisión que será clave para delimitar el alcance del uso de los estados de emergencia en materia fiscal y tributaria.
Por reparto, la Corte asignó el estudio de constitucionalidad del decreto al magistrado Carlos Camargo, quien ya presentó una petición de suspensión provisional del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica.
De acuerdo con un documento de 86 páginas, revelado por Cambio, Camargo sostiene que existen elementos suficientes para decretar la suspensión provisional, mientras se decide de fondo la constitucionalidad del Decreto 1390.
Uno de los puntos centrales de la argumentación señala que la emergencia económica no puede utilizarse para crear o revivir medidas tributarias que fueron previamente negadas por el Congreso, ya que ello implicaría desconocer la voluntad del legislador. En el texto se advierte que el Ejecutivo estaría recurriendo al mecanismo excepcional para corregir un déficit presupuestal que, al menos en parte, sería atribuible a decisiones del propio Gobierno.
“La utilización del estado de emergencia para suplir la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria implica reemplazar la deliberación democrática”, señala la ponencia, al tiempo que advierte que esta práctica quebranta la separación de poderes sobre la cual se estructura el Estado social y democrático de derecho.