Distribuidores respaldaron la rebaja de $500 por galón, pero advirtieron que su aplicación inmediata en estaciones depende de agotar inventarios comprados a precios previos, para evitar pérdidas y riesgos financieros en el sector.
El Ministerio de Minas y Energía oficializó una reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente, que empezó a regir el domingo 1 de febrero en todo el país.
Tras la reducción, Villavicencio encabeza el listado de precios más altos con $16.091 por galón, seguida por Cali con $16.002, Bogotá con $15.991 y Manizales $15.966.
Estas ciudades mantienen los precios más elevados debido a factores asociados a costos logísticos, transporte, márgenes de distribución y cargas regionales, que continúan incidiendo en la estructura final del valor al consumidor, incluso después de la reducción decretada.
En contraste, las ciudades con los precios más bajos del país siguen siendo las ubicadas en zonas de frontera o con esquemas diferenciales. Pasto registra un precio de $13.747 por galón, mientras que Cúcuta se ubica en $13.900, manteniendo una brecha significativa frente a los principales centros urbanos.
Desde el sector de la distribución minorista de combustibles, Somos Uno, resultado de la unión de Fendipetróleo Nacional y COMCE, señaló que la reducción anunciada por el Gobierno se explica por una caída cercana a $600 por galón en el componente de Ingreso al Productor de la gasolina corriente, compensada parcialmente por incrementos en otros rubros como el impuesto al carbono, el impuesto nacional y el margen de comercialización minorista, lo que deriva en la rebaja neta de $500 por galón.
No obstante, los gremios advirtieron que la aplicación inmediata del nuevo precio en surtidor enfrenta limitaciones operativas. Explicaron que cada despacho de combustible desde las plantas mayoristas constituye una compra en firme, con un precio ya establecido, lo que obliga a las estaciones de servicio a agotar primero sus inventarios adquiridos antes de poder reflejar la reducción. Vender el combustible existente a un precio inferior al de compra, señaló David Jiménez Mejía, vocero de Somos Uno, implicaría pérdidas económicas directas, riesgos financieros para estaciones pequeñas y medianas y posibles afectaciones a la sostenibilidad del servicio.